La cena de camaradería de las Fuerzas Armadas que reúne a su comandante en jefe, Néstor Kirchner, con los representantes de las tres armas e invitados políticos especiales podría tener sorpresas, como el anuncio del pasaje del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Pensiones y Retiros Militares (IAF), la caja previsional de los uniformados, a control civil.
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En línea con la «profundización del cambio» que viene pregonando Kirchner para instalar la candidatura de su esposa, Cristina, la ministra de Defensa, Nilda Garré decidió impulsar nuevamente el decreto que elimina la conducción castrense del IAF y nombra un directorio integrado en su mayoría por funcionarios políticos. El IAF es una entidad autárquica, creada por Ley Nº 22.919, que tiene a su cargo tanto la recaudación de los aportes del personal militar en actividad como las contribuciones del Estado para efectivizar el pago de los haberes de retiro y pensiones militares. Maneja anualmente una suma cercana a los 2.800 millones de pesos.
Escuderos de Garré quieren que esta reforma se comunique en la cena que se celebra mañana en el Colegio Militar como una señal inequívoca de la transformación institucional liderada por la ministra. Ni el esmero de los chefs militares en la preparación del menú: crêpes de espinaca y ricota con salsa cuatro quesos, tournedos de lomo con paquete de espárragos, zanahorias glaseadas y papas orientales, y un postre extraño, tornino de chocolate y peras con salsa de mango y pomelo, alcanzará a mitigar la irritación estomacal de los comensales con semejante noticia. Puede que calmen los ardores con el Malbec de Terrazas o el Chardonnay o quizá deban insistir -sin resultado seguro- con el Chandon extra brut del brindis protocolar.
La ley de creación del Instituto tiene atractivos para un gobierno en campaña electoral: permite financiar emprendimientos inmobiliarios.Y los nuevos directores ministeriales encontrarán recursos extras para financiar el gasto público. Juan Carlos Onganía fue el primero (y el único) en utilizar fondos del IAF ( Decreto Nº 437/69 «S») para cubrir el gasto público.Esa cifra es hoy una acreencia respecto del Tesoro nacional de nada menos que 12.424.866.277 pesos.
La norma -firmada ya por todo el gabinete- contempla la disolución del actual directorio, el nombramiento de otro compuesto por seis miembros: un funcionario del Ministerio de Defensa, uno de Economía, uno de Trabajo y tres uniformados que serán propuestos por el jefe del Estado Mayor Conjunto. «La presidencia del directorio recaerá en el representante del Ministerio de Defensa, que tendrá doble voto en caso de que haya empate en las votaciones», establece el artículo noveno del decreto cuya interpretación asegura una virtual mayoría de civiles frente a militares. Hace dos meses -lo adelantó este diario- hubo un intento frustrado de Garré para tomar el IAF.
Ahora la novedad es que no lo hace por un decreto de necesidad y urgencia (DNU), sino por un decreto común, exento de urgencias, con la seguridad que otorgan otros cambios del ministerio como la reciente creación de la Secretaría de Asuntos Militares Internacionales de la Defensa y el traspaso del Servicio de Hidrografía Naval a la órbita civil (Secretaría de Planeamiento).
En sus considerandos, y por toda explicación, el texto expresa que es fundamental fortalecer los instrumentos de gestión vinculados a la transparencia y a la auditoría y el control del Instituto. La frase, por su vaguedad, da rienda suelta a imaginaciones dañinas sobre la gestión actual del IAF. Sin embargo, en el ejercicio 2006 recibió las implacables y superpuestas visitas del propio ministerio, la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la consultora internacional Ernst & Young, sin que pudiera extraerse de todas ellas una sola razón que justifique esta «intervención» velada.
La masa de dinero de 11% de descuento en los haberes de todo el personal militar sumada a la misma quita que se hace a los retirados y pensionados constituye la base de esta caja de previsión. En los últimos tiempos, la posibilidad de financiar el compromiso previsional sufrió un impacto negativo por varios factores, entre ellos que los aumentos de sueldo a los uniformados se otorgaron como suplementos no bonificables y no contributivos.
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