Javier Alonso: "Bajar la edad de imputabilidad no resuelve nada y es puro marketing político"

El ministro de Seguridad bonaerense cuestionó con dureza el proyecto del Gobierno nacional. Aseguró que la Provincia logró reducir un 20% los homicidios cometidos por menores con políticas de intervención temprana y apuntó contra la falta de inversión de Nación.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, junto a Axel Kicillof.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, calificó este jueves como “puro marketing político” el proyecto del Gobierno nacional que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y advirtió que la iniciativa “no viene a resolver ningún problema real”, sino que “alimenta la grieta frente a una sociedad que está esperando respuestas serias y profesionales frente al delito”.

En diálogo con Ámbito, el funcionario advirtió que si hoy se baja la edad de imputabilidad a los 13 años, las organizaciones criminales buscarán directamente chicos de 11 o 12, al considerar que “el crimen organizado siempre se adapta a las reglas del sistema”. “Ya vemos menores cada vez más chicos involucrados en hechos violentos. Cambiar la edad solo corre el límite hacia abajo”, sostuvo.

“Si mañana se baja a 13, pasado mañana la discusión va a ser si bajamos a 11 o 12 años, porque las bandas siempre van a ir a buscar al que queda afuera del sistema penal”, insistió. “El problema no es la edad, sino cómo evitamos que los pibes terminen cometiendo homicidios”, sostuvo el ministro, al tiempo que cuestionó que el debate vuelva a centrarse en una modificación normativa aislada, sin políticas integrales detrás.

Según detalló, de alrededor de 1.020.000 investigaciones penales iniciadas por año, unas 20 mil corresponden al fuero penal juvenil, lo que representa apenas el 2,5% del total de causas. En el caso de los homicidios, la participación de menores alcanza al 8,3%, una cifra que, según remarcó, “hay que abordar con seriedad y no con slogans”.

“No es que los dejamos libres”

Alonso subrayó que la idea de que los menores que cometen delitos graves quedan impunes es falsa. “No es que los dejamos libres”, enfatizó, y puso ejemplos concretos: “Los miembros de la denominada 'Banda del millón', de San Isidro, que torturaba abuelos para robarles, está completamente encerrada en institutos. Lo mismo en Chascomús, con el chico que cometió un homicidio con una barra de hierro”.

En ese contexto, detalló que en 2025 hubo 19 homicidios cometidos por menores de 16 años en territorio bonaerense, frente a 24 en 2024, lo que representa una baja cercana al 20% desde la implementación del programa provincial Entramados que dispuso el gobernador Axel Kicillof. En el grupo de 16 y 17 años, los casos pasaron de 63 a 61. “Esos 19 pibes hoy están encerrados en institutos. El Estado intervino”, insistió.

“Si bajamos la edad a 13, se termina la discusión ahí, pero no se resuelve el problema. Los menores que aprehendemos son siempre los mismos. Nadie llega por primera vez a la comisaría por un homicidio: antes hubo robos, contravenciones, peleas. La primera vez que el pibe cayó por una pavada, el Estado miró para otro lado y lo dejó seguir”, explicó. Por ello, analizó que "es necesario entender que lo único que corrige esto es una sanción efectiva en la primera vez que entran a una comisaría".

“Si bajamos la edad a 13, se termina la discusión ahí, pero no se resuelve el problema", asegura el ministro de Seguridad bonaerense.

El programa Entramados

El ministro defendió el enfoque de la Provincia y explicó que cuando asumió Kicillof, en 2019, “no había equipos, ni información, ni protocolos claros” para intervenir con menores en conflicto con la ley. “Entrenamos policías para poder entrevistarlos, tomar declaraciones, armar fichas y articular con jueces y servicios locales de niñez”, señaló.

Actualmente, detalló, la Provincia tiene 5,2 millones de chicos dentro del sistema escolar, que “ordena, socializa y contiene”, mientras que unos 5 mil niños y adolescentes son aprehendidos cada año por distintos hechos, muchos de ellos contravenciones o situaciones que ni siquiera constituyen delitos penales.

A través del programa Entramados, la Policía interviene, da aviso al fiscal y al juez de menores y se activa un abordaje integral con los servicios locales de niñez, que elaboran informes socioambientales. “Según el caso -hurto, pelea, homicidio- la Justicia decide si el pibe va a un instituto o si entra en un programa sociocomunitario. Muchas veces hay que separarlo de su familia”, explicó e indicó que "lo que da resultado es ver qué hacer con la vida de esos pibes".

Alonso fue contundente al describir el perfil de esos menores: “De estos 5 mil pibes, la mayoría fue dejada sola porque los padres son adictos o están presos. La mayoría sufrió abuso sexual antes de los seis años, dejó la escuela, se juntó con delincuentes que los mandan a robar. Eso está demostrado”. “Lo único que corrige esa trayectoria es una sanción efectiva a tiempo. Si lo aprehendemos y en una hora lo devolvemos a la casa, va a seguir pasando”, afirmó.

Críticas al Gobierno nacional y al enfoque de seguridad

Consultado sobre el diagnóstico del Gobierno nacional, que sostiene que el crimen organizado utiliza menores como “soldaditos”, Alonso coincidió en el fenómeno, pero rechazó la respuesta oficial. En ese sentido, sostuvo que los libertarios buscan dar una “batalla cultural” en materia de seguridad, al instalar explicaciones simplistas del delito o dar debates para la grieta. “Hablan de inmigrantes, de villas, de menores, pero eso no resuelve la inseguridad”, planteó.

En ese marco, cuestionó declaraciones de referentes libertarios que, según indicó, corren el eje del problema. “Escuchamos a un asesor del presidente decir que el 70% de las personas que viven en villas son inmigrantes y que hay que echarlos del país. En vez de fortalecer las fronteras y combatir al crimen organizado, apuntan contra laburantes que se están ganando la vida”, afirmó. Para Alonso, se trata de un enfoque ideológico que no aporta respuestas concretas: “La Argentina nació de la inmigración. La Constitución le da la bienvenida a cualquiera que venga a trabajar. Mientras tanto, los grandes capos narcos entran y salen como quieren”.

Alonso destacó que la provincia de Buenos Aires sumó 22.000 policías al patrullaje.

El ministro también apuntó contra la política nacional en materia de narcotráfico y control de fronteras. “El gran problema es la droga y eso lo tiene que frenar el Estado nacional. El triple crimen de las chicas de Florencio Varela demostró que las fronteras son un colador: se fugaron tres personas y nadie hizo nada”, sostuvo.

En paralelo, denunció un fuerte desfinanciamiento por parte de la Nación. “No coincido ideológicamente en nada con este gobierno. Desfinanciaron a la Provincia: Milei nos robó 750 mil millones de pesos que estaban destinados a políticas de seguridad, juzgados de menores y servicios locales de niñez”, denunció. También cuestionó la falta de inversión en recursos federales: “No hay inversión de la Nación: faltan helicópteros, faltan patrulleros federales y los salarios de las fuerzas federales están deteriorados”.

Frente a ese escenario, Alonso contrastó el discurso nacional con la política bonaerense. Según detalló, la Provincia compró 7.400 patrulleros, expandió la videovigilancia con miles de cámaras a través de los cuatro Fondos Municipales de Fortalecimiento de la Seguridad, puso en la calle a 22 mil nuevos policías y creó 68 bases operativas de la UTOI, la FBA, Infantería, Caballería y Fuerzas de Operaciones Especiales.

Sobre el funcionamiento de las bandas, explicó que en muchas causas judiciales está probado que las organizaciones criminales reclutan menores, les proveen armas, drogas y dinero, y los organizan por roles. “Un chico de 14 años que mató en Fuerte Apache tenía un arsenal en la casa. ¿Cómo llegó ahí? Alguien se lo dio”, planteó. Y volvió a insistir: “Si bajamos la edad, igual vamos a seguir teniendo 61 homicidios cometidos por adolescentes. El problema no desaparece”.

“No es un baño de sangre”

Alonso también cuestionó el discurso de la administración libertaria contra las políticas de seguridad bonaerenses. “Hablan de un baño de sangre, pero el año pasado tuvimos el número más bajo de homicidios en ocasión de robo y permanentemente estamos metiendo presos a los líderes de bandas de narcos. Eso es mérito de las políticas que tomamos, del accionar de la policía bonaerense, de los jueces y de los municipios”, afirmó.

En ese sentido, destacó que la Provincia logró recuperar control territorial pese al retiro de fuerzas federales. “Mientras Nación se retiró -ya no están los 7 mil gendarmes en el Conurbano- nosotros tenemos 10 mil efectivos más de la policía bonaerense”, señaló. Y agregó: “El gobierno de Axel Kicillof invirtió en infraestructura policial, incorporó patrulleros, sumó policías y puso en funcionamiento nuevas bases operativas en el conurbano y el interior”.

Axel Kicillof y Javier Alonso.

Posteriormente, advirtió que el contexto social agrava el escenario. “Crece el desempleo, crece la violencia, hay más enfrentamientos armados. Eso tiene que ver con un modelo económico que genera cierres, desempleo y más desigualdad”, sostuvo. Para el ministro, la discusión de fondo es política y presupuestaria: “Resolver esto implica invertir, darles amor, educación, apego a la ley y un proyecto de vida. Son 5 mil pibes. ¿Cómo no vamos a poder resolver la situación de 50 chicos por municipio?”.

“Modificar la edad no es una llave mágica”

Alonso coincidió en que la Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil y recordó que la normativa vigente es un decreto-ley de 1980 firmado por el dictador Jorge Rafael Videla. “Está vieja, desactualizada e incumple requisitos constitucionales básicos. Hay que reformarla”, afirmó.

Sin embargo, volvió a marcar límites: “Modificar la edad por sí sola no resuelve nada. Cada provincia debería dictar su propia ley de responsabilidad penal juvenil y el Gobierno nacional debería financiar equipos, programas sociocomunitarios, juzgados e institutos”. Luego, planteó que "lo principal es garantizar que el pibe vaya a la escuela -que les ordena la vida, los socializa, educa y contiene- que haga deportes, que tenga DNI".

“El debate de la edad es estéril. Es venderle falsas expectativas a la sociedad”, concluyó. “Acá lo que hace falta es gestión, inversión y coordinación. Lo demás es marketing político”.