El subsecretario de Asuntos Penitenciarios pidió que su dimisión sea aceptada de inmediato. Cuestionó la actuación de un juzgado porteño que lo había apercibido y advirtió sobre posibles sanciones económicas sobre su patrimonio.
El abogado llegó al Ministerio de Seguridad en enero de 2024, durante la gestión de Patricia Bullrich.
El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, presentó este viernes su renuncia indeclinable ante la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el presidente Javier Milei. El abogado, que llegó al Gobierno de la mano de Patricia Bullrich, fundamentó su salida en un conflicto con un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires.
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En el escrito, solicitó que su dimisión fuera aceptada de manera inmediata y cuestionó lo que describió como una interferencia de la Justicia local en decisiones adoptadas por magistrados federales sobre el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Curi explicó que había recibido un apercibimiento por la posible comisión de los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, junto con la advertencia de que podrían aplicarse multas diarias sobre su patrimonio personal.
El funcionario vinculó esa situación con su actuación en defensa del carácter federal del SPF. Según sostuvo en la carta, un tribunal porteño avanzó sobre cuestiones que ya habían sido resueltas de manera concordante por distintos jueces federales.
Su planteo apuntó, así, a una disputa de competencias entre ambas jurisdicciones. Las sanciones económicas mencionadas son astreintes, multas que los tribunales pueden imponer para exigir el cumplimiento de sus decisiones.
En su despedida, Curi agradeció al Presidente, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y especialmente a Bullrich por el respaldo recibido durante su gestión.
Curi asumió en enero de 2024, cuando Bullrich encabezaba el Ministerio de Seguridad y dispuso una renovación de las autoridades penitenciarias. Antes de incorporarse a la administración nacional, había representado a la dirigente como abogado en causas penales.
Durante su gestión participó en el endurecimiento de las condiciones de detención en las cárceles federales y la aplicación de protocolos para presos de alto perfil.
También intervino en la reorganización del sistema penitenciario de Santa Fe, donde las cárceles de Piñero y Coronda incorporaron lineamientos coordinados con las políticas nacionales.
Aunque la carta centró los motivos de la salida en el conflicto judicial, Clarín informó que fuentes del área de Seguridad también señalaron un posible desgaste relacionado con la gestión de los detenidos y sus condiciones de alojamiento en dependencias de fuerzas federales y provinciales.