Respuesta oficial a prefectos y gendarmes: "Es imposible un básico de $ 7.000 en el sector público"

El jefe de Gabinete, Juan Abal Medina y el ministro de Econmía, Hernán Lorenzino.

Informe de Liliana Franco, desde el Palacio de Hacienda.- A una semana de comenzado el conflicto con los efectivos de Gendarmería y Prefectura, el Gobierno ratificó la aplicación del decreto 1307, el cual que generó el recorte salarial, pero aclaró que con su correcta aplicación se beneficiará "a la enorme mayoría de los efectivos". "Es imposible ofrecer un básico de 7 mil pesos en cualquier área pública", dijo el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y denunció "una verdadera industria del juicio" en torno a los haberes de efectivos, que involucra a miembros de los servicios contables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, abogados próximos a ellos y jueces.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, anunciaron que iniciaron "acciones judiciales" por los amparos en los haberes. Los ministros aseguraron que con la aplicación efectiva del decreto que modifica la escala salarial "la enorme mayoría de efectivos verá mejorada su situación", ya que hará remunerativo entre el 80 y 90 por ciento del haber.

"Hemos constatado, por lo que hay acciones judiciales presentadas, que las modalidad de pago presentaba deficiencias y están al borde de situaciones que son delictuales", sostuvo Abal Medina tras advertir que gran parte del total de los juicios se hallan tramitados en los mismos juzgados, uno de ellos en Río Gallegos", que está a cargo de la jueza Ana Álvarez, "casada con un comodoro estrella, vinculado a crímenes de lesa humanidad".

Desde Río Gallegos, la magistrada rechazó las acusaciones, negó que su esposo tenga causas por delitos de lesa humanidad y dijo que evalúa responder judicialmente ante lo que consideró una violación al principio de división de poderes.

En simultáneo, los agentes de Gendarmería rechazaron la propuesta del Gobierno, señalaron que Abal Medina, se les "rió en la cara" y aseguraron que "la medida no se levanta. Los puestos no se van a descuidar, pero el 50 por ciento se va a levantar", señaló el vocero Raúl Maza tras tomar la palabra frente a cientos de efectivos en las escalinatas del edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro.

"No estamos respondiendo a ningún petitorio, ni reclamo", afirmó antes Abal Medina, quien rechazó la posibilidad de entregar un salario básico de 7.000 pesos para las fuerzas, como exigían. "Es imposible un básico de ese nivel en ninguna área del sector público", sostuvo.

Para las escalas más bajas, en el caso de los marinos, los montos básicos subieron de $ 626 a $ 2.696 pesos, y del cabo primero de Gendarmería pasó de $ 701 a $ 2.853, lo que implica mayores remuneraciones por los otros conceptos como antigüedad, que se calculan del básico.

Abal Medina exigió otro comportamiento a los uniformados que durante la protesta cometieron "actos absolutamente inadmisibles" y que "por la tarea (que tienen) de cuidarnos a todos y todas no deben incurrir en otro tipo de acciones".

Además, el jefe de Gabinete vinculó las sanciones a los ocho uniformados con la agresión a los vehículos que trasladaban a personal jerárquico de las fuerzas y al episodio que protagonizó el ministro Lorenzino, que durante dos horas estuvo retenido en el edificio Guardacostas sin escapatoria. "Los procedimientos de sanción fueron aplicados por el Ministerio de Seguridad según cada reglamento, nadie va a ser sancionado por reclamar (mejoras salariales). Para eso existen los canales de diálogo preestablecidos", afirmó Abal Medina.

Sobre la acusación pública que se ventiló la semana pasada contra estudios jurídicos, personal activo y retirado de las oficinas de legales de las fuerzas y un grupo de jueces que aceptaban cautelares, Abal Medina dijo que "lamentablemente tenemos que denunciar que la situación no solo confirma las sospechas sino que las agrava".

Anunció que el Gobierno inició "acciones judiciales" tras constatar "una verdadera industria del juicio" en torno a los haberes de efectivos de Prefectura y Gendarmería, que involucra a jueces, abogados y altos y bajos mandos de ambas fuerzas. "Se avanzó en la denuncia penal respecto de retirados de la fuerza y efectivos que estarían implicados en alguna de estas maniobras", expresó por su parte Lorenzino.

El jefe de Gabinete afirmó que "el 60% del personal de Prefectura y Gendarmería tenían sus haberes judicializados" gracias a un "festival de prácticas judiciales en connivencia con estudios de abogados y altos mandos de las Fuerzas".

Asimismo, agregó que "los únicos que se van a ver perjudicados (con la aplicación del decreto) son los que usufructuaron medidas cautelares para cobrar cifras exhorbitantes, que son minoría". Además, Lorenzino aseguró que a raíz de la supuesta liquidación errónea de haberes "se intervinieron las área que era menester intervenir". "Vamos a terminar con este desquicio administrativo", lanzó el funcionario.