Reutemann, De la Sota y Solá en los planes sociales oficiales no critican con razones

Eduardo Duhalde se aparta muy a menudo del canon de la política que, entre otras cosas, impide a los gobernantes confesar que toman decisiones o abrazan políticas sin convicción. Pero el Presidente dijo ayer a varios interlocutores del Congreso y las provincias: «Yo no hago lo que estoy haciendo porque me guste. Lo pidieron los gobernadores y afuera lo pide todo el mundo». Más allá de esa inesperada sinceridad, en lo que señala Duhalde hay un fondo cierto: los gobernadores, tanto los radicales como los peronistas, le reclamaron al gobierno, en un «Documento de 14 puntos», que suscriba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que supone llevar adelante una serie de ajustes a nivel provincial. Por eso no se entiende bien la demora de Carlos Reutemann y de Felipe Solá, dos de los mandatarios que aconsejaron el pacto con el Fondo, en suscribir el convenio de reducción de déficit.

La disidencia de estos dos mandatarios se manifestó en el terreno más sensible para cualquier gobernante de la Argentina actual: el de los programas sociales. Se les sumó también José Manuel de la Sota, al resignar la administración de los planes Jefas y Jefes de Hogar. Primero acusó de poco transparente la administración de esas prestaciones pero ayer, en una carta enviada al gobierno, elogió la iniciativa y justificó su abstención en que no quiere que lo acusen a él de poco transparente las instituciones intermedias de su provincia.

Para explicar estos reproches cruzados, Jorge Matzkin usa una imagen campechana: «Es una discusión entre secos. ¿No sería mejor entendernos rápido nosotros para poder pedir algo de plata al que la tiene, es decir, al Fondo?» razona el ministro del Interior. El planteo de Matzkin suena sensato y es generoso para con Reutemann, Solá y De la Sota. En realidad, esos tres gobernadores lanzaron reproches mezquinos para el programa que presentó el gobierno: sólo a alguien que exhibe la torpeza política de Duhalde le puede ocurrir que, al implementar una red de cobertura social con un millón de beneficiarios (un emprendimiento con pocos antecedentes inclusive internacionales: el plan «Trabajar», en su momento de mayor expansión, tuvo 270.000 inscriptos) la iniciativa quede opacada por la discusión sobre 10 o 20.000 adherentes que no tienen padrino político reconocido.

El reproche de estos gobernadores pudo sonar atendible pero sólo porque el gobierno nacional ocultó o no difundió suficientemente la principal virtud de su programa: establece un derecho universal del desocupado jefe de familia, que puede acceder a la cobertura de $ 150 en LECOP con sólo cumplir los requisitos establecidos (no tener empleo, ser jefe o jefa de hogar con hijos menores de 18 años o discapacitados y no recibir ningún otro tipo de cobertura). La solicitud de inscripción está disponible en Internet para los que quieran acceder a ella. Hay quienes sostienen que «los desocupados no se manejan con Internet» pero esa disponibilidad está referida a cualquier organización social o política que quiera facilitar a los desocupados el acceso al subsidio. Una vez completa, esa planilla se presenta en la ANSeS, en una municipalidad o en la administración de la provincia para que se inicie el trámite correspondiente. La ANSeS es la encargada de detectar si el aspirante recibe ya otro tipo de cobertura.

Si está todo en regla, la prestación es automática.

Reutemann, Solá y, más tarde, De la Sota, reprocharon que haya habido desocupados que recibieron la planilla de inscripción de manos de dirigentes «piqueteros» y sindicalistas de la construcción. Es cierto: el gobierno, a través de Aníbal Fernández y de Alfredo Atanasof, entregó fajos de solicitudes a Luis D'Elía y a Gerardo Martínez con la pretensión de «controlarlos».

Tanto la recriminación de los gobernadores como la expectativa del gobierno son incoherentes con la lógica del programa. Si cualquiera que esté en condiciones de recibir un subsidio a la desocupación puede percibirlo de manera casi automática, ¿por qué las provincias reclaman el monopolio de la entrega de ese beneficio? Y más: ¿por qué los funcionarios quieren hacer pasar a los desempleados por el «embudo» de los piqueteros, sindicalistas y, después, del funcionario de turno? Daría la impresión de que unos y otros están tratando de evitar el mejor efecto del plan que inventaron: si se divulga como corresponde la forma de acceso al programa, el clientelismo político se vería reducido muy significativamente. Ayuda en este sentido la forma de cobro: los inscriptos reciben los $ 150 en el banco, según un orden que se sigue por el número de documento. Es decir, ya no tendrá sentido que los cabecillas que medran con la pobreza se presenten en el lugar de cobro para llevarse un «peaje», como se denunció en la Justicia que ocurrió muchas veces en el caso de los «piqueteros».

Hay dos vicios en los que se puede incurrir con el nuevo sistema. Uno es muy difícil de combatir: es el riesgo de que un empleador que tiene trabajadores en negro los induzca a presentarse como jefes de hogar desocupados para que reciban del Estado parte del salario que ellos le abonan. Sólo una divulgación muy extendida de la lista de beneficiarios podría corregir, en alguna medida, esta perversión. La otra desviación es que, por no estar correctamente cruzados los padrones de acción social de Nación y las provincias, un desocupado pueda cobrar en esas dos jurisdicciones simultáneamente.

Pero lo que realmente está en discusión entre los gobernadores y Duhalde es el manejo político que se puede hacer de la ayuda social. Reutemann, De la Sota, Solá temen que el Ejecutivo nacional les saque ventaja política.

Duhalde mantuvo ayer con Reutemann una larga conversación telefónica en la que quedó despejada la mayor parte de las dudas del gobernador. Solá también atenuó sus críticas para un programa que le permitiría ahorrar ya que va a sustituir algunas prestaciones de la provincia. El lunes, cuando los gobernadores se reúnan con el Presidente en Santa Rosa, tal vez estén zanjadas todas las contradicciones, en un tema en el cual los titulares de provincias grandes acusaron con mucha dureza y, a decir verdad, pocas razones.