Revés del gobierno en Diputados por polémica ley sobre la Justicia

El gobierno debió admitir ayer una restricción que nadie puede eludir, la realidad. Ordenó suspender la sesión especial que estaba prevista para mañana en la Cámara de Diputados para dar sanción a una polémica reforma de la integración del Consejo de la Magistratura que le da al Ejecutivo el poder de veto en designación y desplazamiento de magistrados. Empecinado el oficialismo en esta iniciativa sin dar ninguna explicación -salvo el mensaje subliminal a la sociedad de que intentará quebrar a quien se le oponga en lo que considera una "batalla"-, se dio cuenta ayer de que no lograría los votos necesarios para habilitar el debate. En medio de una ola de críticas por este avance hacia el dominio completo de la Justicia, el gobierno sufrió ayer un segundo revés: se vio obligado a reponer en la Comisión de Justicia del Senado al socialista Rubén Giustiniani. Este había sido desplazado por el peronismo para poner en su lugar a Cristina de Kirchner, quien se enardeció con el vicepresidente Daniel Scioli porque éste firmó el decreto correspondiente. Giustiniani terminó con la confusión al decir que a él lo echaron de la comisión porque había presentado un proyecto contrario al del gobierno. De inmediato volvió a la comisión y ahora es la primera dama quien debe las disculpas.

El senador socialista por Santa Fe Rubén Giustiniani prestó juramento en 2003 ante Daniel Scioli cuando asumió su banca. Ayer fue restituido a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en lugar de Cristina de Kirchner, quien lo había desplazado.

La conducción kirchnerista de la Cámara de Diputados levantó ayer la sesión especial convocada para mañana donde se iba a tratar el proyecto de la primera dama para reformar el Consejo de la Magistratura. La estrategia utilizada la semana pasada para prorrogar la Ley de Emergencia Económica por un año se le volvió esta semana en contra al oficialismo, que prefirió no pagar el costo político que hubiese representado no reunir a 129 diputados para obtener quórum, o ver frustrado el tratamiento del tema por no conseguir el voto de las 2/3 partes de los legisladores presentes.

Sin embargo, la bancada del Frente para la Victoria convocará para mañana a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar de emitir un dictamen favorable de la reforma del Consejo, que ya cuenta con media sanción del Senado. El tratamiento de este tema quedaría entonces postergado para mediados de febrero, cuando el Poder Ejecutivo vuelva a enviar una prórroga de las sesiones extraordinarias.

• Consecuencia

El levantamiento de la sesión especial fue consecuencia de la lección política que el kirchnerismo le dio a la oposición la semana pasada con la aprobación de la prórroga de la Ley de Emergencia Económica en un minuto y medio, sin debate y con los bloques disidentes fuera del recinto, intentando en vano bloquear el quórum. Por eso mañana, en caso de que los diputados del Frente para la Victoria hubiesen alcanzado los 129 legisladores para habilitar la sesión especial, la UCR, el ARI, el macrismo y los duhaldistas se habrían sentado rápidamente en sus bancas para bloquear el tratamiento de la reforma del Consejo de la Magistratura. El bloque «K» no tenía posibilidades esta vez de salirse con la suya.

Ocurre que la sesión hubiese llegado en el peor momento de las relaciones entre el bloque conducido por el kirchnerista santafesino Agustín Rossi y la oposición, tras la polémica sesión del jueves pasado cuando el oficialismo se salteó algunos detalles reglamentarios -como el izamiento de la bandera por un empleado administrativo en vez de por un diputado- y aprobó la prórroga de la emergencia por la que el Legislativo delega facultades, no especificadas, a Néstor Kirchner.

Tanto que el jefe radical de la Cámara baja, Fernando Chironi, amagó con realizar una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso, esta vez, no importaba cuál sea la estrategia final -razonan indignados los caciques de los bloques opositores-, el objetivo era evitar que el kirchnerismo aprobara mañana la reforma al Consejo de la Magistratura, proyecto impulsado por la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Y lo lograron.

Ayer, al mediodía, la conducciónkirchnerista conocía perfectamente cuáles eran los riesgos que corría en caso de sesionar. Razonaban que, en el mejor de los casos, si conseguía 129 legisladores de quórum para poder sesionar, la oposición se opondría a habilitar el tratamiento de la reforma al Consejo para lo que se necesitan los 2/3 de los votos de los diputados presentes. «En circunstancias normales juntamos los 129, pero con el clima actual no lo sé. Tal vez sería mejor dejar que se calmaran los ánimos y posponer la sesión para marzo, o para enero o febrero en caso de que el Ejecutivo prolongue la convocatoria a sesiones extraordinarias», comentaban en el entorno del santafesino Agustín Rossi, jefe de la bancada Frente para la Victoria. Más teniendo en cuenta que los 5 diputados del Partido Nuevo del cordobés Luis Juez, aliados del kirchnerismo hasta hace 96 horas, anticiparon que se opondrán al proyecto de la primera dama. «No queremos hacer kirchnerismo bobo», disparó el intendente de Córdoba, al calificar la reforma como inoportuna y tendiente a la manipulación judicial.

• Riesgo

El diálogo con la oposición está roto desde la semana pasada cuando aristas, radicales, macristas, duhaldistas y hasta socialistas se sintieron manoseados por la operación concebida entre Rossi y el presidente del cuerpo, Alberto Balestrini. Por eso la conducción kirchnerista de diputados decidió levantar finalmente esta sesión, que estaba programada para mañana a las 13.

El riesgo para la conducción «K» era doble: además de arriesgarse a dejar a Cristina sin su «criatura legislativa», podrían bloquear también el tratamiento de leyes -previsto para mañana como la creación de la SA sateltital Ar-Sat y la renegociación de los contratos con Edenor y Edesur -ambos con media sanción del Senado- que contemplan un aumento tarifario de 28% para comercios e industrias. De sesionar, Rossi se hubiese jugado una parada difícil: su debut en la Cámara baja fue accidentado desde el primer día cuando Eduardo Camaño lo acusó de violar los «códigos» del recinto, luego le siguió la polémica de la Ley de Emergencia y ahora tenía en sus manos un proyecto ideado por la esposa de Kirchner, de una importancia clave para el gobierno.

El polémico proyecto contempla la reducción del número de miembros, cambios en las comisiones de Acusación y Disciplina y en la composición del Jurado de Enjuiciamiento. La propuesta de la primera dama establece que el Consejo estará compuesto por tres jueces del Poder Judicial, seis legisladores nacionales -dos por la mayoría y uno por la minoría de cada Cámara-, dos representantes de abogados, uno del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico.