Silenciosamente, el gobierno reglamentó ayer un nuevo régimen laboral para los empleados de la administración pública, que les otorga más estabilidad y abre indirectamente la posibilidad de nuevos aumentos salariales. La decisión se tomó sin ningún anuncio público ni debate previo a partir de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, que a través del Decreto 1.421/2002 endurece y burocratiza la situación de los empleados públicos. En primer lugar, establece mayores trabas para las ya duras posibilidades de despidos de los empleados. Ahora habrá que hacer una investigación sobre una posible grave causa para que un trabajador público pueda ser despedido. En la práctica, poder determinar la disponibilidad de un empleado del Estado nacional será utópico. Además, y para el caso de que se llegue a esta instancia y haya denuncia penal en su contra, el empleado podría cobrar su sueldo más de un año hasta que se tome la decisión definitiva. Pero, además, el decreto va más allá y llama a la reapertura de las negociaciones colectivas entre el Estado nacional y los sindicatos que representan a los empleados públicos. Si bien el gobierno no lo reconocerá, con este llamado se abre la puerta para que se discutan nuevos aumentos salariales y la restitución de 13% de rebajas en los sueldos públicos dispuesta el año pasado por el gobierno de Fernando de la Rúa y que determina la clave para que fiscalmente haya superávit primario.
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