9 de octubre 2009 - 08:17

Righi instruye a los fiscales para que recuperen los bienes en causas de corrupción

Esteban Righi.
Esteban Righi.
La Procuración General de la Nación instruyó a los fiscales para que impulsen el "reintegro a las sociedad" de bienes obtenidos en casos de corrupción.

La instrucción, cursada por el procurador general Esteban Righi a los miembros del Ministerio Público Fiscal, se extiende también a casos de narcotráfico, evasión, lavado de dinero, contrabando y trata de personas.

La directiva fue publicada en el sitio oficial de la Procuración (www.mpf.gov.ar) y según se aclara, se produce a instancias de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP).

Establece que los fiscales "adopten las medidas necesarias para no frustrar el recupero de esos bienes, evitando en el momento oportuno y sin dilaciones innecesarias, su libre disposición por parte de los imputados o las personas jurídicas que representan".

Los impulsa a "intervenir activa y coordinadamente" con jueces y demás fiscales de todas las instancias "para conseguir la pronta inmovilización de activos desde el comienzo de las actuaciones judiciales, con el objeto de que el posterior decomiso -en caso de ser requerido- sea verdaderamente viable".

Recomienda concretamente que "una vez acreditados mínimamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar", los fiscales "deberán requerir al juez interviniente el embargo preventivo de los bienes que correspondan".

Siguiendo el criterio de la OCDAP, requiere además a los fiscales que mantengan un registro de cada solicitud efectuada y los resultados obtenidos, en el sentido de la presente instrucción general, en sus respectivas investigaciones.

"Una medida de estas características se correspondería, además, con lo dispuesto por el artículo 23 del Código Penal, que prevé "el decomiso del producto o provecho del delito", manifiesta el texto.

Destaca que las prácticas corruptas "socavan el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas" ya que suponen el desvío de fondos millonarios que "dejan de ser invertidas en cuestiones fundamentales para el progreso social".

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