Romero acude a la Corte salteña en busca de garantías de cara a los comicios generales
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Juan Carlos Romero.
"El hecho de que se pueda leer el chip de las boletas viola un principio constitucional, como lo es el secreto del voto. Lo que posibilita la coacción sobre la voluntad del elector", dice el texto de la alianza que lleva al senador nacional Juan Carlos Romero como candidato a gobernador.
Luego, expresa: "Siendo inminentes las próximas elecciones consideramos imperioso que se brinden garantías de transparencia".
"Lo actuado por el Tribunal Electoral constituye otro eslabón de un conjunto de acciones que privaron a las fuerzas participantes de su derecho a controlar y garantizar la seguridad y transparencia del comicio", completaron.
Los apoderados Oscar Rocha Alfaro y Luis María García Salado, junto al ingeniero Diego Saravia, y Julián Rousselot, que es director de la carrera de Informática de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), de Buenos Aires, e integrante del Sindicato Único de los Trabajadores Informáticos de la República Argentina (SUTIRA), brindaron detalles sobre esta presentación.
Con ellos estuvo Solano Navarro, quien es coordinador de Seguridad Informática y Sistemas en Materia Política Sindical y miembro de la Comisión Directiva de SUTIRA.
Por su parte, el Poder Judicial de Salta informó hoy que, en dependencias del Tribunal Electoral de la provincia se continúa con la auditoría encarada por profesionales de la Universidad Nacional de Salta sobre el código fuente de la boleta electrónica.
Esta tarea continúa con la misma modalidad desplegada en la jornada de ayer y con la presencia de los fiscales informáticos de las fuerzas políticas.
Solo dos fiscales informáticos que representaban al frente Romero+Olmedo "han resuelto no participar de la primera jornada, invocando uno de ellos razones contractuales", pero esto no debe interferir ni condicionar las labores de auditoría solicitada por sus mismos apoderados, según explican desde el Tribunal.
El código fuente de la boleta electrónica es la esencia del sistema, por lo que por disposición del Tribunal Electoral las labores deben desarrollarse en su sede y en la modalidad dispuesta admitiendo y evacuando todas las consultas técnicas que se planteen en su transcurso.
Así fue que ayer -explicaron- se evacuaron todas las dudas en materia de programación y seguridad, incluyendo pruebas sobre la eventual vulnerabilidad de las boletas.
"Esta prueba fue aprobada satisfactoriamente quedando demostrado que el chip no puede ser sobreescrito una vez que el elector resolvió su voto, lo imprimió y la máquina grabó dicha decisión en el dispositivo de la boleta", explicaron desde el Poder Judicial.
Finalmente, señalaron que "la labor de auditoría tiene como finalidad que los responsables técnicos despejen todas sus dudas sobre el funcionamiento interno del sistema. Esto se traduce en confianza de sus representados y fundamentalmente en la confianza ciudadana".
El 12 de abril pasado, el Frente Romero+Olmedo denunció fraude electrónico, luego de obtener el alrededor del 33 por ciento de los votos, contra el más de 47 por ciento obtenido por el oficialista Frente Justicialista Renovador para la Victoria, que propone al gobernador Juan Manuel Urtubey para un nuevo período.



