La Cámara Federal en lo Civil y Comercial propinó ayer un nuevo revés judicial al Gobierno al rechazar los dos planteos realizados contra la medida cautelar que paralizó el traspaso del predio ferial de la Sociedad Rural Argentina al Estado. El oficialismo había recusado al pleno de dicha instancia y al mismo tiempo solicitó el cambio de fuero para que el expediente pase al Contencioso Administrativo. La resolución llevó la firma de los jueces Francisco De las Carreras, Graciela Medina y Ricardo Guarinoni, quienes no consideraron necesario reunir a todos los camaristas para definir sobre una pelea que abarca distintos expedientes y cuya temperatura va en aumento.
La desestimación «in limine» emitida por la Sala I, además de contener los justificativos técnicos, también cuestionó la estrategia procesal del oficialismo. Catalogó la recusación contra todos los camaristas como «inadmisible» y sostuvo que «este temperamento se presenta como una política deliberada para apartar a los jueces naturales, lo que es sin duda inadmisible en uno de los Poderes de la Nación, el que no debe conspirar contra la administración de Justicia perturbar obstruir intencionalmente su apropiado funcionamiento, cuando ello también tiene influencia sobre el derecho de los demás litigantes, la garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso legal».
Precavidos, y conocedores de que podría haber nuevas recusaciones por supuesta falta de imparcialidad, los jueces no dejaron de mencionar que «conservan la serenidad y el equilibrio necesarios para garantizar la imparcialidad en la función jurisdiccional, encontrándose persuadidos de que también con el recíproco trato respetuoso entre las autoridades constitucionales se contribuye al fortalecimiento de las instituciones, que es lo único permanente en la República».
Tal como había adelantado este diario, la decisión de rechazar el planteo del Gobierno se tomó un día después de que los jueces accedieran a éstos. Si bien en un principio se estimaba que la respuesta llegaría en febrero, cuando se encontrara el pleno de la Cámara, una sucesión de llamados y conversaciones adelantaron los tiempos.
Inviable
Los camaristas coincidieron, en forma discreta, en que la recusación por supuestas irregularidades en las subrogancias era inviable ya que se trata de un aspecto de superintendencia, propia de la Cámara. No dudaron en señalar el artículo 17, donde se establece que las causales de recusación son de índole taxativo (por ejemplo, por amistad o enemistad), pero nunca por aspectos de superintendencia.
En cuanto al pedido de cambio de fuero, los camaristas, una vez más, se mostraron divertidos con el escrito de los abogados del Gobierno. No lo rechazaron con su tesis habitual que sostiene que lo que se discute es una compraventa que es competencia de la Justicia civil y comercial, sino con un rudimento básico: no se puede plantear ante la Cámara cuestiones que no se hayan tratado primero ante el juez de primera instancia, una acción procesal que el kirchnerismo no realizó.
La soledad del oficialismo en esta Cámara es absoluta. Los procedimientos burocráticos (notificaciones y diligencias) se realizan en horarios insólitos y los camaristas eluden al extremo conversaciones de cualquier tipo con los letrados de la Jefatura de Gabinete.
Sin embargo, ayer existieron señales más favorables en el expediente por la Ley de Medios. La Sala I estaría lista para resolver la apelación de Clarín en la primera quincena de febrero. Tiempos más favorables que los que imagina el Gobierno (allí esperan un fallo adverso hacia el mes de mayo). Un detalle no menor: la semana que viene volverá a la Cámara Susana Najurieta, quien junto a De las Carreras ha firmado capítulos clave de esta pelea judicial, como, por ejemplo, la extensión de la cautelar que frustrara el llamado 7D.
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