El gobierno todavía no designó, amparado en la guerra interna del sindicalismo, la comitiva que representará al país en la asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo, a comienzos del mes próximo. Pero el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ya informó a Néstor Kirchner que en esa reunión el país será sancionado por no garantizar plenamente la libertad sindical. Se trata de un viejo reclamo del gremialismo de izquierda, que se agrupa en la CTA de Víctor De Gennaro. El éxito que tendría este sector en Ginebra abriría la puerta a un propósito de Kirchner que frustró, con amenazas agresivas, la CGT oficial: el reconocimiento de la CTA como central sindical equivalente a la CGT. Esa patente habilitaría la secesión del ala izquierda de muchos sindicatos, que reclamarían para sí la personería gremial independiente. Inobjetable reverencia ante un pedido internacional. Aunque los «gordos», en su versión tradicional y en la nueva variante K inaugurada por Hugo Moyano, vean esta eventualidad como el comienzo de la guerra.
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