La Justicia santacruceña ordenó a la Gendarmería desalojar a los docentes que realizan piquetes en rutas de la provincia y en el acceso a yacimientos de petróleo que se encuentran paralizados desde hace casi dos meses, pero los manifestantes advirtieron que seguirán con las protestas.
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La resolución fue dictada por el juez Eduardo Domingo Quelín, de la localidad santacruceña de Las Heras, quien intimó a los docentes agrupados en el sindicato ADOSAC a permitir "en un plazo de siete días" la libre circulación en las zonas afectadas.
El magistrado también ordenó a la Gendarmería liberar los bloqueos que realizan los gremialistas en rutas y accesos de algunas plantas de la industria petrolera en caso de que los manifestantes no se retiren por sus propios medios.
No obstante, el sindicalista Pedro Muñoz advirtió que "los cinco piquetes que los compañeros mantienen continúan muy fuertes y no piensan dejarlos".
"Repudiamos la medida tomada por el juez que defiende los intereses de las petroleras, esperemos que no suceda nada, pero la gendarmería llego a allí para sacar a los compañeros", sostuvo.
El oficio del magistrado instruyó a las fuerzas de seguridad a "proceder al desalojo a través de la diligencia debida" para poner fin a los bloqueos que los sindicalistas docentes realizan desde hace ya más de un mes.
Los docentes bloquean yacimientos petroleros en reclamo de un aumento salarial del 50 por ciento y en rechazo de la oferta del 25 que dispuso la administración kirchnerista de Daniel Peralta.
El gremio que realiza la protesta ya fue notificado y ésta no es la primera intervención del magistrado, quien hace un par de semanas solicitó la indagatoria y procesamiento de 52 personas, entre las que se encuentran docentes y padres.
En el oficio, el magistrado señala que se debe "proceder al desalojo a través del empleo de la diligencia debida y los medios adecuados reglados por las normas procedimentales que rigen el accionar apropiado a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para la preservación de la seguridad de las personas y resguardo de los bienes".
La cédula fue emitida el 23 de mayo de 2011, notificada el 24 de mayo, lleva el número 175/11 y se le otorga 7 días corridos al Comandante del Destacamento móvil número 4 de General Acha de Gendarmería Nacional, para efectuar la diligencia.
"Ofíciese a Gendarmería nacional a fin de que por medio de personal necesario, a partir del 21 de este mes y año hasta el día siguiente inclusive, previa constatación de la presencia de manifestantes mediante secuencias fotográficas fílmicas y demás medios a su alcance procedan a intimarles a desocupar los puntos de obstrucción de las mencionadas rutas", indica la medida judicial.
Asimismo, ordena el "desmantelamiento y remoción de refugios y objetos que impidan la circulación sobre dichas vías, propiciando con ello la paz social, bajo apercibimiento de ser desalojados con la fuerza publica necesaria".
En caso de que los manifestantes no acepten la orden, el juez intimó a Gendarmería a "proceder al desalojo a través del empleo de la diligencia debida y los medios adecuados reglados por las normas procedimentales que rigen el accionar apropiado a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para la preservación de la seguridad de las personas y resguardo de los bienes".
También el martes, ante un pedido de los gremios, el juez en lo civil y laboral, Carlos Arenillas de Río Gallegos, convocó a una audiencia de partes, obligatoria, para, por un lado escuchar lo que tenían que decir los docentes y por el otro, ratificarles que la conciliación obligatoria sigue firme.
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