El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender le pidió este miércoles al juez Norberto Oyarbide que se inhiba de seguir investigándolo por supuesto lavado de dinero y defraudación, y que le transfiera la causa a otro juez que investiga los contratos por la realización de viviendas sociales.
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Schoklender recordó que el juez Martínez de Giorgi investiga "hechos idénticos" a los de Oyarbide, y que al ser el magistrado que recibió la primera denuncia penal, es quien debe asumir la totalidad de la investigación.
"Esa identidad en la causa y objeto de la investigación, es decir, que la misma versa sobre los mismos hechos, deriva en una doble persecución penal", evaluó Schoklender, para quien ello puede dar lugar a "la sanción de pronunciamientos contradictorios".
El exhombre de confianza de Hebe de Bonafini explicó que su planteo tiende a "evitar la pluralidad de pronunciamientos jurisdiccionales sobre un mismo asunto".
El juez Oyarbide investiga el manejo de fondos públicos una vez que fueron recibidos por la Fundación, e intenta determinar si hubo un desvío del destino original de los mismos; mientras que Martínez de Giorgi tiene a su cargo la pesquisa de los contratos de viviendas sociales que se previeron realizar en el programa "Sueños Compartidos" entre la entidad que dirige Hebe de Bonafini y los distintos municipios o gobernaciones.
"Ambos procesos deben ser unificados", según Schoklender, quien presentó un escrito del mismo tenor reclamando a Martínez de Giorgi que pida a Oyarbide que decline su competencia.
Para Schoklender "no existen dudas de que el origen de los posibles ilícitos investigados en ambas causas no resulta otro que determinar si existieron irregularidades en las contrataciones efectuadas entre el Estado y la Fundación, y cual fue el destino del dinero proveniente de dichas contrataciones".
"No podría ocurrir que de un mismo hecho investigado como ilícito, deriven la comisión de delitos diferentes que sean investigados distintos jueces", añadió.
Schoklender ejemplificó que "si se demuestra que el contrato suscripto entre la ciudad de Buenos Aires y la Fundación posee vicios, mi persona, al ser firmante, deberá ser al menos imputada por dichas irregularidades".
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