San Luis - El gobierno enfrentará una semana agitada porque los sectores que cuestionan las últimas medidas oficiales, envalentonados tanto por el efecto como por la adhesión lograda, están dispuestos a redoblar su presión para lograr el objetivo que se han fijado: que el gobierno de Alberto Rodríguez Saá dé marcha atrás -o dicho de otro modo, torcerle el brazo-en las resoluciones que dispararon las protestas. A partir de la repercusión que tuvo más allá de las fronteras de la provincia y el apoyo conseguido, la Iglesia Católica y los sectores afines preparan para este martes una nueva «marchadel silencio» contra la decisión del gobierno provincial de recuperar la administración de los institutos de menores y ancianos antes en manos de congregaciones religiosas. La agrupación Laicos Autoconvocados prevé realizar mañana un cacerolazo y «un abrazo simbólico a la Casa de Gobierno».
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El clima se tensó aún más después que el Obispado denunció que el gobierno provincial no le permitió al nuncio apostólico Adriano Bernardini -hizo una «visita interna» el pasado viernes a San Luis-ingresar en el instituto de menores La Colonia Hogar, cuya conducción estaba en manos de las congregaciones. Justamenteese instituto está en el centro de la escena porque sacerdotes que se desenvolvían en él están mencionados en un informe como responsables de la comisión de delitos de abuso de menores y de irregularidades en la administración.
El ministro de Relaciones Institucionales, Miguel Martínez Petricca, desmintió que el gobierno haya negado el ingreso del representante papal. «El gobierno iba a recibir con todos los honores al nuncio apostólico porque su presencia es un orgullo para la provincia», dijo.
Desde el seno de la Iglesia, salió ayer una voz crítica hacia esas movilizaciones. El sacerdote Jesús Montre fijó posición diciendo: «Las marchas de los laicos están politizadas».
Dos agrupaciones gremiales docentes han abierto también una protesta contra Rodríguez Saá. Le cuestionan la designación de 70 normalizadores en escuelas cuyo directores no fueron ratificados al vencerse los contratos.
El tercer frente lo constituye el conflicto institucional de la ciudad de San Luis por la intendencia, cuya única salida parece ser un pronunciamiento de la Corte Suprema. En los hechos hay dos intendentes: María Angélica Torrontegui -tiene el apoyo de Rodríguez Saá- y Daniel Pérsico -ahijado político de Carlos Ponce, ex dirigente adolfista hoy enemistado con Saá-. La disputa, hasta el jueves pasado, tuvo como escenario los estrados judiciales. Ese día hubo un giro de 180 días en la pelea: el sindicato municipal -alineado con Pérsico-tuvo un violento enfrentamiento con la Policía, que dejaron como saldo seis manifestantes y 20 policías heridos. Los gremialistas reclaman el pago de los sueldos a Torrontegui que dijo que pagará si los empleados se presentan a trabajar en la sede provisoria que constituyó el municipio. El ministro provincial Martínez Petricca afirmó que los incidentes del último jueves «fueron un acto premeditado de una acción perversa» con el objetivo de «alterar la paz social de la provincia». Hoy los municipales podrían presentar una denuncia contra Torrontegui por no pagar los sueldos y realizar una nueva protesta.
Con todo, se ha encendido una luz roja en el escenario provincial. Por eso será que el Partido Justicialista prepara una movida que incluye «un fuerte respaldo al gobierno» y devolver al centro de la escena a Adolfo Rodríguez Saá.
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