Se conoce la sentencia en megacausa de lesa humanidad de Salta

El Tribunal Oral Federal de Salta dará a conocer este viernes la sentencia del juicio que se desarrolla en esta provincia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, que se sustancia desde el 21 de mayo de 2012, con 17 imputados y 34 víctimas de crímenes.

La última audiencia de este proceso se concretará este viernes, a partir de las 9, en la sala de grandes juicios del edificio del Poder Judicial de Salta, denominada "Miguel Ragone".

En primera instancia, se espera que los exjefes militares imputados en la megacausa Carlos Alberto Mulhall y Héctor Ríos Ereñú, hagan uso de su derecho a hablar antes de recibir la condena correspondiente.

Luego, el tribunal pasará a deliberar y se estima que en las primeras horas de la tarde se conocerá la sentencia de este juicio, por el que pasaron más de 270 testigos desde su inicio, el 21 de mayo de 2012.

Durante estos casi 19 meses de proceso, se analizaron los hechos de 18 causas, con 20 imputados -de los cuales dos fallecieron en agosto y diciembre de 2012, y un tercero fue separado por razones de salud- y 34 víctimas.

El fiscal federal Ricardo Toranzos, que constituye la acusación en la megacausa, aseguró que se trata del juicio "más extenso de la historia de Salta, especialmente de la justicia federal", con más de 80 audiencias de debate.

La etapa de alegatos, que comenzó el 4 de noviembre último, concluyó el martes pasado, con la exposición del defensor oficial Federico Petrina, que asiste a 13 de los 17 imputados en este proceso.

El día anterior hicieron lo propio su par oficial Martín Bomba Royo, que asiste a Ríos Ereñú; y los letrados particulares Orfeo Maggio, Dardo Verchán y Luis Garzón, mientras que el fiscal lo hizo el pasado 9 de diciembre, en una exposición que se extendió durante más de 12 horas.

El Tribunal Oral Federal de Salta, que lleva adelante el debate, está integrado por Carlos Jiménez Montilla, Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, en tanto que Gabriel Casas actúa como cuarto juez.

Entre los acusados, además de Mulhall, que estaba a cargo de la guarnición Salta del Ejército, y Ríos Ereñú, quien revistaba en el Regimiento Monte 28 de Tartagal y que durante la presidencia de Raúl Alfonsín fue jefe del Estado Mayor del Ejército, están los militares Miguel Gentil y Joaquín Cornejo Alemán.

A ellos se suman los miembros del ejército Marcelo Diego Gatto, Virtom Modesto Mendíaz, Fernando Antonio Chaín y Ricardo Benjamín de la Vega.

Además, están imputados los ex policías Joaquín Guil, Jacinto Ramón Vivas, Felipe Caucotta, Julio Oscar Correa, Raúl Toledano, Mario Pachao -que también era futbolista- y Víctor Hugo Almirón, además del ex guardiacárcel de la Delegación Salta de la Policía Federal, Juan Carlos Alzugaray, y el civil Juan Manuel Ovalle.

En tanto, Ubaldo Tomislav Vujovich y Abel Vicente Murúa fallecieron en diciembre y en agosto de 2012, por razones de enfermedad, mientras que el imputado Roberto Puertas fue excluído del proceso luego de sufrir un accidente cerebro vascular.

Las querellas están a cargo de los abogados Matías Duarte, en representación de la Asociación de Periodistas de Salta; y David Leiva, por la organización Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Tania Kiríaco fue nombrada por la Universidad Nacional de Salta (UNSa) para su representación; mientras que Gastón Casabella lleva adelante la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y Carlos Saravia actúa por Luis Fronda.

Entre las víctimas se destacan Silvia Aramayo, que al momento de ser secuestrada era docente auxiliar de la cátedra de Historia de la UNSa; Gemma Fernández, que era profesora de Antropología; y Carlos Rojas, quien era alumno de la Facultad de Ciencias Económicas.

También están el arquitecto Ramón Gallardo, las hermanas Francisca y Carmen Torres, de General Güemes; René Russo, de Orán; Carlos Mosca Alsina; el soldado Víctor Brizzi; Martín Miguel Cobos; Luis Risso Patrón, de Metán; el gremialista Jorge Santillán; Reynaldo Isola; el periodista Luciano Jaime; Nolberto Guerrero; Felipe Burgos; y el médico Pedro Urueña.

Además, entre las víctimas se incluyen Eduardo Fronda y cuatro jóvenes militantes asesinados en la localidad salteña de Rosario de Lerma, identificados como Alfredo Mattioli, los hermanos Sergio y Marcial Estopiñán y Ricardo Tapia.

En su alegato, la Fiscalía solicitó la pena de reclusión perpetua para Ríos Ereñú, Mulhall, Cornejo Alemán, Gentil, Mendíaz y Guil, prisión perpetua para Toledano, Alzugaray y Ovalle; 18 años de prisión para Correa; 16 para Almirón; 12 para Vivas; 9 para Pachao; 8 años para Caucotta; 6 para de la Vega; y 3 años y 8 meses para Gatto y Chain.

La causa principal fue caratulada "Guil, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía, como autor mediato y partícipe primario, en perjuicio de Eduardo Fronda".

A esta causa se le suman otras 17, por hechos cometidos en esta provincia norteña, entre 1975 y 1978.