Se demora el desalojo del predio en Lugano pese a la orden judicial
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La Cámara Penal señaló que el desalojo deberá ser ejecutado por la Policía Metropolitana, con la cooperación de la Federal y Gendarmería.
Por la mañana, luego de que la Justicia Contravencional ratificara la decisión de desalojar el predio tomado hace 24 días en el barrio de Villa Lugano, el procurador porteño, Julio Conte Grand, puso en duda que la orden pudiera ejecutarse en forma "inmediata".
"Mi impresión es que la orden no se ejecutará en forma inmediata, teniendo en cuenta la altura que estamos de la toma y que la fiscalía a cargo va a actuar con profesionalismo", expresó el funcionario en declaraciones a canal 26.
Conte Grand llamó a los funcionarios a "deponer" actitudes que motivaron la no intervención de fuerzas federales en los anteriores operativos de desalojos, que terminaron fallidos.
"Recordamos que ese predio estaba bajo custodia de Gendarmería y ahora no quiso intervenir por no ponerse a las órdenes de una fuerza local", sostuvo.
Por otro lado, calificó de "grave" la situación de los ocupantes del predio, por la "alta contaminación" que existe en el lugar.
"La contaminación es angustiante. Las personas que están allí se contaminan de forma invisible pero grave", expresó el procurador.
Este jueves, la Cámara Penal y Contravencional de la Ciudad ratificó la orden de desalojo del predio situado en Cruz y Pola.
Según especificó el tribunal, la medida debe cumplimentarse en horario diurno, de 9.00 a 19.00, y los gobiernos nacional y porteño deban coordinar su accionar, luego de los cruces que hubo tras el primer intento fallido de desalojo.
En aquella ocasión, el juez penal Vega ordenó que la Policía Metropolitana se encargara del operativo y el fiscal pidió la presencia de la Federal y de Gendarmería, lo que fue rechazado por el secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni.
El procedimiento finalmente no se cumplió por "falta de recursos", en medio de cruces y chicanas entre los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri.
En los últimos días, la causa había sido frenada por una recusación de la Defensoría General de la Ciudad al camarista Marcelo Vázquez por adelantar su opinión.
Sin embargo, sus compañeros en la cámara, Sergio Delgado y Jorge Franza, ratificaron al magistrado y acordaron, entre los tres, disponer el desalojo.
El predio, bautizado barrio "Papa Francisco", fue tomado el 25 de febrero por vecinos de la Villa 20, en reclamo de una promesa del gobierno porteño para construir sus viviendas.
• Multisectorial para buscar salida
Los legisladores porteños opositores al macrismo pedirán este viernes la aprobación de un proyecto de creación de una mesa multisectorial de diálogo para buscar una salida que evite un desalojo violento.
Durante una reunión que se celebrará a las 12 en el salón Perón de la Legislatura, los diputados plantearán la necesidad de "encontrar una solución pacífica a esta situación, entendiendo que por sobre todas las cosas está el valor de la vida humana", informaron fuentes legislativas.
En la mesa multisectorial que proponen en su proyecto estarán los diputados de la comisión de vivienda de la Legislatura, representantes de la vicaría de curas villeros, de la pastoral social, del Ejecutivo de la ciudad, del defensor del pueblo de la ciudad y de vecinos de la villa 20.
La jueza Gabriela López Iñiguez, quien debe ejecutar el desalojo por orden de la Cámara, dispuso la conformación de una mesa "técnica", integrada por la Policía Meropolitana y diversos organismos porteños de asistencia, para elaborar un plan de acción que instrumente esa desocupación.
El fallo de la Cámara ordena a la magistrada que en la desocupación deben prestar colaboración fuerzas de seguridad nacionales como Policía y Gendarmería, mientras que López Iñiguez dispuso además que se les debe notificar previamente a los ocupantes sobre el momento del desalojo.



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