El Ministerio de Seguridad realizó este martes una denuncia penal contra funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos y del Servicio Administrativo Financiero de la Gendarmería Nacional Argentina y contra el exDirector Nacional y el exsegundo jefe de la Fuerza por los delitos de "administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública", "tráfico de influencias" y "violación de deberes de funcionario públicos".
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Parte de los involucrados, sospechados de cometer estos delitos fueron pasados a disponibilidad por orden de la cartera que dirige Nilda Garré. Otros de ellos ya habían sido pasados a retiro por orden del Ministerio en diciembre pasado.
"El personal incluido en la presentación judicial está sospechado de connivencia dolosa con un puñado de estudios jurídicos y algunos jueces para resolver de manera arbitraria en reclamos salariales irregulares masivos en perjuicio del Estado", cita un comunicado oficial.
Las personas denunciadas son: Héctor Bernabé Schenone, exDirector Nacional de la GNA; Juan Obdulio Sainz, exSubdirector Nacional de la GNA, Oscar Raúl Guidone, actual director del Servicio Administrativo Financiero de GNA, Humberto Roque Domínguez, director del SAF en los períodos 2010-2011, Ricardo Marcelo Olano, subdirector del SAF en los años 2010-2011, Luis Norberto Demundo, contador del SAF en los períodos 2010-2011 y Estanis Drebnieks, jefe del Departamento de Control Interno y Rendición de Cuentas.
Además, la denuncia involucra al Comandante Mayor Raúl Ricardo Tabocchini, director de Asuntos Jurídicos, el subdirector de Asuntos Jurídicos, Comandante Mayor Ricardo Jorge Back, jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos, Comandante Primero Carlos Palleros, Jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos y el Comandante Manuel Eduardo Barros, dirección de Asuntos Jurídicos entre 2006 y 2010.
Se los acusa de haber efectuado una interpretación ilegítima de los fallos de la Corte Suprema recaídos en las causas "Salas" y "Borejko"; de forma tal que beneficiara lo más posible a los peticionantes, "ocasionando un correlativo perjuicio al patrimonio estatal".
También se los acusa de haber practicado liquidaciones irregulares aun después de recibir instrucciones del Ministerio de Seguridad en el sentido de ajustarse a las pautas fijadas por la Corte Suprema de Justicia en el fallo "Zanotti", así como depositar en diversos casos los montos resultantes sin contar siquiera con la aprobación judicial de la liquidación.
Además se los acusa de haber incurrido en demoras injustificables de varios meses en comunicar al Servicio Administrativo Financiero de la fuerza la revocación judicial de medidas cautelares, contribuyendo así a que prosiguiera su pago.
En algunos casos se habían liquidado diferencias mayores al 800 por ciento respecto del haber o sueldo mensual. La denuncia tramita en el Juzgado en Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N°8 a cargo del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi, Secretaría N°15 a cargo de la Dra. Gabriela Esteban.
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