Seguridad: riesgo de la "paritaria" y su impacto en gremios

Política

El plan de seguridad anunciado por Alberto ya contemplaba un aumento salarial pero no especificaba porcentajes ni plazos. Línea directa con el Gobernador

Ni cuánto ni cuándo. La indefinición de la mejora salarial que recibirá la policía bonaerense expuesta en la conferencia de prensa de Sergio Berni motorizó nuevos motines y movilizaciones de protesta de los uniformados en el conurbano bonaerense. El SIPOBA, un sindicato sin personería gremial, reclama 56% de aumento de haberes además insumos básicos para prevenir contagios en medio de su labor. El plan de seguridad que presentó Alberto Fernández el viernes pasado ya contemplaba un apartado sobre recomposición salarial pero no especificaba ni plazos ni porcentajes. El Presidente definirá ahora junto a Axel Kicillof qué oferta realizarán para desactivar una doble crisis institucional: la insurrección policial y la necesidad de negociar con una fuerza que por fallo de la Corte Suprema de Justicia no puede sindicalizarse.

En 2017, el máximo tribunal negó en una sentencia dividida la personería gremial a al SIPOBA. Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, la Corte sostuvo que el personal de las fuerzas de la policía no tiene un derecho colectivo a sindicalizarse. El Tribunal concluyó que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional no alcanza al personal policial y que la legislación interna de cada país puede restringir o incluso prohibir el ejercicio de derechos sindicales. En el caso, voto mayoritario de la Corte señaló que la Provincia de Buenos Aires prohibió de modo expreso mediante una ley y su decreto reglamentario la sindicalización de la policía y que “dicha prohibición es, a la luz de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, constitucionalmente válida”. Carlos Maqueda votó en disidencia y sostuvo que los policías bonaerenses estaban facultados para formar un sindicato y opinó que dicho sindicato debía ser habilitado para actuar como tal mediante su inscripción en el registro especial de las asociaciones profesionales que lleva el Ministerio de Trabajo de la Nación. También votó en disidencia Horacio Rosatti quien a diferencia de Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz, consideró que el derecho a sindicalizarse del personal policial bonaerense surge de modo directo del art. 14 bis de la Constitución Nacional, sin otro requisito -tal como lo establece dicha cláusula- que su inscripción en un registro especial. Pero aclaró que la posibilidad constitucional de sindicarse no contempla, en este caso, el ejercicio del derecho de huelga, pues resulta necesario articular los intereses del sector con los de la sociedad, tal como ocurre con otras actividades que son igualmente importantes para garantizar la seguridad y la calidad de vida de la población.

La “paritaria” policial no sólo tiene aristas institucionales delicadas. La residencia del Gobernador fue sitiada el lunes por la noche por unos 300 policías armados. Se trata de la fuerza armada con más efectivos a nivel nacional. Con sueldos básicos de 35 mil pesos que no tuvieron actualización en lo que va de 2020. En rigor, son pocos los sindicatos que cerraron hasta ahora acuerdos salariales tangibles. Mineros tiene el récord con un 35% escalonado seguido por Camioneros con 30% en cuatro cuotas. Bancarios logró 26% mientras que Aceiteros acordó 25%. “La situación de los policías es malísima, en cuanto a la situación económica y las condiciones de trabajo. La pandemia lo que hizo fue agravar la situación”, aseguró Nicolás Masi, secretario general de SIPOBA. La posibilidad de otorgar un 50% de aumento a las fuerzas policiales impactaría de lleno en las paritarias en proceso de negociación pero también en las que ya se cerraron. El antecedente podría disparar una ola de reclamos gremiales en los demás sectores de la economía.

El Presidente compartió un acto en Campana con Kicillof y evitó por ahora pronunciarse sobre el conflicto. Alberto viene de anunciar un plan de seguridad donde debió mediar en la tensión que existe entre el gobernador y los intendentes. Los jefes comunales debieron acudir a para recibir fondos por más de 30 mil millones de pesos, nuevos patrulleros y fuerzas federales destinadas a reforzar la seguridad en la provincia. Hasta el Ministerio de Obras Publicas de la Nación, a cargo de Gabriel Katopodis, referente de la liga albertista de alcaldes, comprometió partidas para la construcción de 12 cárceles. La urgencia ahora es negociar un acuerdo salarial necesario con la bonaerense pero detrás de ese acuerdo el gobierno avanzará en una nueva purga policial con sanciones a los insurrectos a quienes ya tiene identificados.

En Olivos buscaban mecanismos para auxiliar a Kicillof en la negociación para poder encauzar el conflicto. El diagnóstico de los últimos acontecimientos, en el contexto de pandemia y aislamiento, fue delicado. A la insubordinación policial se sumó un piquete dentro del country Ayres de Pilar para evitar que se cumpla la orden judicial de prisión domiciliaria a Lázaro Báez. Con el aumento de toma de tierras como telón de fondo. Sin embargo, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, descartó que existan vinculaciones políticas en el reclamo de efectivos de la policía bonaerense aunque lamentó las declaraciones "de tono catastrófico" de "algunos personajes de la oposición" vertidas en ese contexto a través de las redes sociales. "No podría afirmar que son cuestiones políticas. Los reclamos son muy acotados, muy puntuales y creo que se producen también porque hay estrés y mucha demanda", analizó la ministra en declaraciones formuladas a Radio 10.

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