Senado dio media sanción a parte del Plan de Seguridad

Se trata de modificaciones a los códigos penal y procesal que incluyen, además de recortar las salidas de la cárcel, aumentos en las penas en el vaciamiento de empresas, y agilizar procedimientos judiciales en los delitos menores, y ampliar el alcance de Plan de Protección a Testigos.

El debate se extendió algo más de tres horas, durante el cual sólo un puñado de senadores planteó objeciones a algunos de los proyectos.

El proyecto fue anunciado por el Gobierno, con la intención de dar respuesta a la demandas surgidas por un sector de la sociedad a partir de las manifestaciones convocadas por el empresario Juan Carlos Blumberg.

El único proyecto que fue votado por unanimidad fue el que modifica el artículo 301 del Código Penal, para aumentar la penas de quienes dispongan de manera ilegal y fraudulenta de los activos de una empresas.

La nueva pena será de 1 a 6 años, cuando antes era de seis meses a dos años.

Además se considera una agravante el hecho de aumentar el capital de una empresa con el fin de vaciarla, por lo que la pena puede llegar a los ocho años.

En cambio siete senadores votaron en contra del proyecto denominado "criterio de oportunidad", el cual está dirigido a simplificar el accionar de la justicia en los delitos menores.

Señalaron que el proyecto abre la posibilidad de transformar en acción privada un delito de acción pública, y que la pena se sustituya por una reparación de carácter económico.
Se excluye de esta posibilidad a los funcionarios públicos.

El senador radical disidente Rodolfo Terragno se opuso al proyecto por entender que le da al fiscal interviniente facultad para extingir el proceso en algunos casos de delitos menores, por lo que se preguntó: "¿Cuánto hay que robar para que el ministerio público se ocupe?".

Terragno dijo que ello significaría perjudicar a los pobres "por que se les dice que se busquen abogados porque los fiscales están para las grandes cosas".

En la misma sintonía se expresó el riojano Jorge Yoma, quien además mostró su desacuerdo con "las continuas modificaciones al Código Penal", por entender: "Estamos construyendo un estado policial", y que ello se origina "en lo que pasa en la capital y en el conurbano, dado que en las provincias hay una realidad distinta".

Yoma recordó que "en último año el Congreso votó 8 modificaciones al Código Penal, 8 normas impositivas y sólo una de educación", por lo que reclamó "construir una agenda propia".

Ello motivó la reacción del radical mendocino Ernesto Sanz quien le recordó que los proyectos analizados "al igual que la mayoría de las iniciativas que tratamos provienen del Poder Ejecutivo, que marca la agenda del Gobierno".

A lo que el jefe de su bloque agregó que "pareciera que somos responsables de estos proyectos", por lo que amenazó con pedir que vuelvan a comisión si es que al oficialismo no le interesaba analizarlo.

Allí intervino el jefe de la bancada del PJ, Miguel Pichetto, para poner paños fríos a la disputa.

Recordó que el nuevo ministro de Justicia Horacio Rosatti "ayer vino al Senado a decir que apoyaba los proyectos", y que la actitud de Yoma había que tomarla como "una opinión personal" y no la de su bloque, por lo que aprovechó para elogiar al radical Jorge Agúndez presidente de la comisión de Justicia.

Otro de los proyectos aprobados impulsa una modificación del artículo 319 del código procesal penal, con la intención de condicionar las excarcelaciones o eximiciones de prisión del imputado de un delito, previas al juicio oral.

Según la nueva redacción propuesta "se denegará la eximición de prisión o excarcelación cuando exista una razonable y fundada presunción de que el imputado no se someterá o obstaculizará el procedimiento o la averiguación de a verdad".

Ello le da mayores elementos al juez para evitar la excarcelación, dado que además define una serie de condiciones que el imputado debe cumplir para gozar de dicho beneficio.

El cuarto de los proyectos que se aprobó está destinado a ampliar el Programa de Protección a Testigos que en la actualidad sólo esta dirigido a testigos y cómplices de secuestros extorsivos, narcotráfico y terrorismo.

Con la reforma de la ley 25.764 la protección a testigos también podrá ser implementada en el resto de los delitos que conformen una asociación ilícita.

Los encuadrados dentro del programa podrán beneficiarse con una reducción de la pena o incluso la eximición, cuando brinden información que permita desbaratar la organización delictiva.