El Senado tiene previsto ratificar hoy el pacto Nación-provincias de reforma política que, entre otras disposiciones, establece la reducción de bancas en las legislaturas nacionales, provinciales y municipales, además de la supresión de las listas sábana y $ 1.000 millones de ahorro en el denominado gasto político.
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El Congreso, tal cual anticipó este diario, dará media sanción al acuerdo firmado por Eduardo Duhalde y gobernadores del oficialismo y la oposición, a pesar de que ya lo está violando: en el Presupuesto 2002, diputados y senadores se adjudicaron $ 61 millones más al tope fijado por este pacto.
No será ésta la única polémica que saldrá esta tarde en el recinto -el tucumano Pablo Walter (Fuerza Republicana) viene amenazando con batir el parche en este aspecto-, pues la sanluiseña Liliana Negre de Alonso adelantó que votará en contra del proyecto.
En sintonía con la gobernadora Alicia Lemme, quien se abstuvo de suscribir el acuerdo, Negre advirtió que el convenio vulnera las autonomías provinciales. Asimismo, la delegada de San Luis se quejó de que «los senadores no hemos sido invitados al diálogo político, siendo representantes de las provincias».
•Dictamen
La poda de gastos estuvo ayer presente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se firmó el dictamen sobre este pacto federal. Mientras el sindicato de empleados legislativos y el secretario administrativo de la Cámara alta, Jorge Amarfil, negocian reducir las escalas salariales más altas (los empleados que ganan $ 3.100 en mano pasarían a cobrar $ 1.800) para evitar más despidos, la mayoría de los legisladores del PJ y de la UCR fustigó al provincial Walter por su inclinación a promover la reestructuración senatorial por los medios.
Palabras más, palabras menos, Nélida Martín (PJ-San Juan) sentenció que «los trapitos sucios debían lavarse en casa y no ventilarlos por la prensa».
En Asuntos Constitucionales, que capitanea Cristina Fernández de Kirchner, deben aprobarse la reducción de comisiones a la mitad y las reformas reglamentarias ya lanzadas por la comisión racionalizadora que integra Walter y de la cual Martín fue nombrada presidente (la designaron en el bloque peronista, aunque nunca se trató el nombramiento en la misma comisión).
El jujeño Guillermo Jenefes también practicó tiro a la minoría: «La reforma parece sólo de interés de un senador, cuando la aprobamos en el recinto por unanimidad».
«Creo que es bueno sincerarse y darse cuenta de que en el Senado había más comisiones que senadores», comenzó Walter su alegato, en el cual incluyó una defensa de la publicidad del contenido de las discusiones de comisión.
«Bueno, si no se da a publicidad lo que se trata, es porque no será de interés público», intervino Eduardo Menem. «Mire, yo formo parte de Presupuesto y Hacienda, y no creo que lo que allí se analice no sea de interés, sin embargo, no trasciende», retrucó el emisario del bussismo, sin mencionar que esos cónclaves se realizan sin otra presencia que la de legisladores y asesores en la oficina de Carlos Verna.
El radical Gerardo Morales, otro de los fogoneros de la reforma, comentó: «Yo encabezo la comisión de Inversiones que no tiene razón de ser y apenas se reunió 10 veces en 2001; de hecho, el anterior libro de actas se lo tuvimos que pedir al secretario, que lo guardaba en su casa».
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