Senado: bloque K dictaminó polémica ley de góndolas

La Comisión de Legislación General firmó un despacho -en trámite exprés- que quedará para las sesiones ordinarias. Proyecto fue votado en 2019 en Diputados tras empuje de Elisa Carrió. La "ayuda" de María Eugenia Vidal.

Exprés. En menos de media hora, la Comisión de Legislación General que comanda la legisladora kirchnerista Ana Claudia Almirón -de vice quedó la radical Silvia Giacoppo- dictaminó la polémica ley de góndolas. 

En medio de la disputa entre el Gobierno y los supermercados, la Comisión de Legislación del Senado realizó ayer un trámite exprés y el kirchnerismo dictaminó la polémica ley de góndolas, que ya cuenta con la aprobación de Diputados, tras una votación amplia entre los entonces oficialismo y oposición durante 2019. Sin embargo, el oficialismo guardará el despacho de mayoría y no lo llevará al recinto mañana, pese a que está dentro del temario de sesiones extraordinarias, y se quedará con una herramienta de presión para la puja con empresarios en una discusión que está lejos del Congreso.

La iniciativa en cuestión fue activada el año pasado por la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió -luego se colgó la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para el tramo local-, y la entonces oposición aprovechó un insólito desliz del oficialismo macrista para alzarse con un dictamen de mayoría, luego aprobado en el recinto de la Cámara baja con acompañamiento amplio durante la votación en general.

El polémico proyecto establece que la exhibición de un producto no superará el 30% del espacio disponible que comparte con productos de similares características y diferente marca. Además, se tendrá que garantizar un 25% del espacio disponible para productos de similares características y diferente marca, para la exhibición de productos producidos por micro y pequeñas empresas nacionales inscriptas en el registro de “MiPiMEs” y/o en el ReNAF; y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena y los sectores de la economía popular.

Por otra parte, los productos de menor precio -conforme la unidad de medida- se encontrarán a una altura equidistante entre el primer y último estante de las góndolas. En locaciones virtuales, deberá garantizarse que las ofertas de menor precio -conforme la unidad de medida- se publiquen en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión.

En cuanto a islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas, se deberán presentar productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales inscriptas en el registro de “MiPyMEs” y/o en el ReNAF, o los que en el futuro los reemplacen, en un 50%. En el dictamen opositor también se proponen controles estrictos para no demorar el pago a proveedores -60 días- y un código de buenas prácticas para la distribución mayorista y minorista.

La reunión de ayer fue tan rápida que, en media hora, el kirchnerismo conformó la comisión, puso como presidenta a la correntina Ana Claudia Almirón y desactivó pedidos opositores para frenar el dictamen para luego firmar un despacho de mayoría. No obstante, el propio bloque oficialista dejó claro que la iniciativa quedaría para sesiones ordinarias. Por ende, el apuro del Gobierno para sancionar el texto se convirtió, más que nada, en un dardo más para la trifulca con los pícaros empresarios.

Desde el radicalismo, la filosa mendocina Pamela Verasay aseguró: “El debate en Diputados no fue cerrado, hubo disidencias en incisos. La idea es muy buena, pero sabemos que se puede mejorar”. Además, consultó sobre la desactivación de giros a tres comisiones que se le dio el año pasado y el cambio -ahora- por uno solo, hacia la Comisión de Legislación General. Almirón contestó que dicha acción no necesitaba pasar por el recinto -como planteaba la legisladora de la UCR- y que, ante cualquier duda, enviara una carta a la secretaría parlamentaria, que comanda el ultra-K Marcelo Fuentes.

En defensa de la polémica iniciativa apareció la cristinista María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), quien mencionó los “efectos negativos en la canasta básica de alimentos por una situación de posición dominante y alzas permanente de precios”, y disparó: “Hace falta un modelo económico que retome el modelo de desarrollo, pero con justicia social, ya que de nada valdría la ley si el modelo sigue siendo un modelo que facilita la especulación, la cartelización la concentración en el mercado”.

Luego, la legisladora deslizó que debe ponerse “en jaque” la afirmación en cuanto a que la Argentina es productora de alimentos para 400 millones de habitantes. En esa línea, dijo que existe “una responsabilidad política de garantizar la redistribución” y que “de nada valdría exportar” para esa cantidad de personas.

Por último, Sacnun se mostró a favor de discutir la “soberanía alimentaria”. En su opinión, “tiene que ver con garantizar la producción en nuestras economías de parte de pequeños productores y agricultores, cooperativas, mutuales, pymes y micropymes”, para “acercar al consumidor con el productor y romper la cartelización”. Y agregó: “Se están desarraigando a los pueblos y se producen migraciones hacia conurbanos por dificultades para acceder al empleo”.