Será por 30 días suspensión de cortes

Los productores alzan carteles contra la presidente Cristina de Kirchner. Uno de los más significativos hace alusión a los hechos de currupción.

Tras 21 días de paro agropecuario, las cuatro entidades rurales anunciaron ayer la suspensión por 30 días de la histórica medida de protesta que se inició como reacción a la aplicación del nuevo esquema móvil de retenciones y que motivó cientos de piquetes en todo el país y un fuerte desabastecimiento en las ciudades.

El mensaje de los titulares de CRA, Federación Agraria, Sociedad Rural y Coninagro fue emitido desde una masiva asamblea de productores en Gualeguaychú. Las palabras estuvieron cargadas de críticas hacia el gobierno de Cristina de Kirchner, a quien ahora instaron a abrir un diálogo y negociar «mejores» políticas agropecuarias, bajo la amenaza de «volver a cortar las rutas». Los oradores cargaron sus discursos con una fuerte arenga a gobernadores y legisladores para aplicar «un mayor federalismo», y apuntaron duro a la «chequera K» que concentra la recaudación impositiva (ver aparte).

Por lo pronto, desde la noche del martes y, especialmente, el mediodía de ayer, las rutas quedaron liberadas por completo en todo el país para posibilitar transporte y comercialización de carne y granos. Aun así, en el caso de estos últimos, se instó a que el proceso se aplique en forma «restringida». «Vendamos sólo lo necesario. No regalemos nuestro trabajo a un grupo de mafiosos», arengó ayer Mario Llambías, titular de CRA.

Objetivos

«Nos mantenemos en alerta y movilización», avisaron los líderes del campo ayer por la tarde ante las 25 mil personas que colmaron el «I Encuentro Federal Agropecuario» (ver aparte). En el proceso que se abre ahora, las entidades afirman que buscarán «garantizar y ampliar los anuncios» que el gobierno hizo el lunes, en el cual se incluyeron una batería de beneficios para pequeños y medianos productores.

De todos modos no predominan las posturas optimista. En primer término, no se vislumbra acuerdo en un punto que es la médula del conflicto: el gobierno sigue firme en sostener el sistema de retenciones móviles para las exportaciones de granos. Desde el sector productivo, mercados de futuros y acopiadores insisten en que el esquema creado por el secretario de Política Económica Gastón Rossi y auspiciado por el ministro de Economía, Martín Lousteau, «pone un techo a la expectativa de rentabilidad y arruina la formación de precio». Advierten así que la cadena de la soja -y del resto de los granos-se quedará sin el fundamental sostén de un mercado.

Pero las dudas van mucho más allá y fueron expresadas en todos los discursos de los protagonistas de la asamblea de Gualeguaychú. Tal como sintetizó en varias oportunidades Buzzi, las medidas lanzadas por el gobierno deben ser «traducidas»; exigen ese trazo fino que el gobierno no parece dispuesto a dar y que es fundamental para generar confianza entre los productores. La discusión se da, además, en tiempos en que la cosecha de soja ya sufre atraso y existe temor por los futuros rindes.

Por lo pronto, el mencionado sistema de compensaciones, el supuesto generador de equilibrio -según promete el gobierno- luego de la exacción que imponen las retenciones, ya tiene malos antecedentes en la producción lechera y triguera.

Los reintegros -vía por la cual los pequeños productores recibirán devoluciones de dinero para que la carga impuesta sólo sea de 35% de derechos de exportación- también deberánprobar su aplicabilidad. Apelando al sentido común, los pequeños productores se montan en el último discurso de Cristina para dar su opinión: «Si somos 80% que produce 20%, que le cobren 20% al que produce 80%, no a nosotros». Desde el gobierno replican que «compensaciones y reintegros pondrán toda la economía en blanco», un argumento estéril para la postura del campo.

En el caso de los subsidios al flete para zonas alejadas y los créditos del Banco Nación son bien recibidos, pero hay coincidencia en catalogarlos como medidas complementarias.

Por su parte, la creación de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y la liberación del precio del trigo, son acusadas de tardías. La nueva cartera -destacan- ya había sido prometida en octubre de 2007; en tanto que el precio del trigo se libera cuando sólo queda una tonelada por vender y durante dos temporadas se recibió 30% del precio internacional.

Según la visión del sector rural, el gobierno debería acceder a discutir y atender una extensa serie de cuestiones técnicas. De hecho, la combativa CARBAP que dirige Pedro Apaolaza se encargó de hacer pública una lista de puntos (ver infografía). Claro que muchas fuentes también creen que el gobierno seguirá manejándose en forma autónoma, lejos de cualquier discusión.

«¿Por qué van a hacer ahora lo que no hicieron en cinco años?», preguntó ayer un productor en Gualeguaychú, tras la masiva asamblea, a lo cual una voz más entusiasta con fuerte acento entrerriano intentó consolarlo: «porque mostramos nuestra fuerza y les hicimos ver al gobierno que la gente ya no le cree».