Sin bancas para procesados por violar derechos humanos

Política

En línea con la doctrina de Néstor Kirchner en el caso de la banca de Luis Patti, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobará un dictamen que impedirá a los procesados por violaciones a los derechos humanos postularse a una banca en el Congreso.

No habrá entonces principio constitucional de presunción de inocencia que valga para postularse a un cargo público. Ya lo había adelantado Kirchner al exigirle a Patti que «demuestre que es inocente» antes de dar cumplimiento efectivo al fallo de la Corte Suprema que avalaba el ingreso del diputado electo del Paufe a la Cámara baja.

Lo paradójico es que este proyecto, que roza la inconstitucionalidad al impedir a procesados sin sentencia condenatoria presentarse a elecciones para cargos públicos, será aprobado en la Comisión de Asuntos Constitucionales que comanda Graciela Camaño y que domina hegemónicamente el kirchnerismo.

Esa comisión se reunirá mañana a las 10.15 para avanzar en un conjunto de proyectos que proponen modificar la ley de partidos políticos y que buscan la inhabilitación «absoluta La intención de avanzar en ese sentido ya había sido anticipada por el titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, semanas atrás en el marco de la sesión en la que la Cámara baja se aprestaba a quitarle los fueros a Patti.

  • Proyectos

    En ese marco, Rossi mencionó la existencia de proyectos que apuntan a cubrir ese « vacío legal»: uno de la diputada oficialista del Movimiento Libresdel Sur, Victoria Donda, otro de la radical Silvana Giúdice y un tercero de Miguel Bonasso, diputado por Diálogo por Buenos Aires.

    Con estas normas, el oficialismo aspira a generar el marco legal para impedir que se repitan situaciones como la planteada con Patti y evitar, de esa manera, que personas acusadas de violaciones de derechos humanos puedan ser candidatos, integrar listas o bien ocupar cargos públicos.

    En el caso del proyecto de Bonasso, la inhabilidad « perpetua y absoluta» alcanza también a toda persona que hubiere participado en «actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático», aun cuando se encuentre amparada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

    En tanto, la iniciativa impulsada por Donda, hija de desaparecidos y primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo en acceder a una banca en el Congreso, propone modificar la Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública, la ley orgánica de Partidos Políticos y el Código Electoral.

    El proyecto impide también el acceso a cargos públicos «a condenados como autores, partícipes, instigadores o encubridores de los delitos de desaparición forzada de personas u homicidio» y a quienes «hayan usurpado cargos electivos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983».

    Finalmente, la iniciativa impulsada por Giúdice propone inhabilitar para el ejercicio de la función pública a quienes hayan cumplido condena judicial o hayan sido indultados por genocidio, desaparición forzada, homicidios, privación ilegítima de la libertad, supresión o falsificación de identidad.

  • Festejo

    El desafuero de Patti fue festejado también el martes pasado por Juan Puthod, quien vinculó su secuestro al ex subcomisario de Escobar. «Dentro del diálogo me preguntaron por un compañero mío que había desaparecido en el año 76 y que también estaba acusado Patti en ese secuestro, así que todo indicaría que este grupo tiene relación con el asesino Patti», apuntó Puthod, presidente de la Casa de la Memoria de Zárate, quien trabajó en la investigación sobre el asesinato de los militantes peronistas Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiasso, por el cual está implicado el ex subcomisario Patti.
  • Dejá tu comentario