Sin pruebas, se cayó acusación

La Cámara Federal no encontró ninguna prueba para acusar a once senadores de la Nación de haber recibido sobornos para aprobar la ley de reforma laboral. Razón por la cual confirmó el viernes pasado la «falta de mérito» de los legisladores que aparecieron involucrados en la investigación sobre coimas en el Senado.

El fallo recordó, al mismo tiempo, que el juez Gabriel Cavallo deberá continuar con la pesquisa en la cual «la comunidad toda y también los involucrados reclaman con carácter impostergable un rápido y definitivo esclarecimiento para salvar la salud moral e institucional de la República».

La Sala I del Tribunal integrada por los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani ratificó así lo resuelto el último día hábil de 2000 por el entonces juez federal Carlos Liporaci, quien renunció al cargo cuando estaba siendo investigado por el Consejo de la Magistratura.

«No resulta procesalmente aceptable que la causa pueda avanzar con el escaso aporte brindado por quienes, por otro lado, públicamente reclaman el esclarecimiento de lo sucedido... quienes han relativizado sus dichos vertidos a través de los medios de prensa en las oportunidades en que debieron testimoniar bajo juramento», dijeron los magistrados.

• Memoria confusa

El fallo alude, además, a la «confusa memoria de algunos testigos y su ausencia de preocupación cívica respecto del hecho».

El pronunciamiento de los magistrados sostiene que los políticos que se presentaron en la causa hicieron «grandilocuentes declaraciones en las escalinatas del edificio de Comodoro Py 2002, lamentablemente relativizadas al llegar a la sala de audiencias».

Por ello, concluyen los magistrados que «respecto de la acreditación del hecho en sí, ya se ha señalado en los párrafos que preceden que los testimonios se limitan a dar cuenta de la existencia de versiones».

«No se ha logrado avanzar en la instrucción: sólo se cuenta con versiones, fuesen periodísticas o políticas, volcadas en el expediente pero sin que ninguna resulte ni alcance de manera alguna a tener el imprescindible valor de referencia directa», agregaron los camaristas.

Los magistrados recordaron que Liporaci «dirigió la instrucción, focalizándola sobre los supuestos responsables del cohecho pasivos», senadores, y luego el juez Gabriel Cavallo «avanzó en la complejidad del marco investigativo y éste se amplió a la determinación de los posibles autores de la corrupción activa: funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo Nacional».

«Ninguna de las dos vertientes investigadas ha logrado avanzar sobre la hipótesis delictiva denunciada», dijeron los jueces. Recordaron, al mismo tiempo, que Cavallo continuará la pesquisa en la cual «la comunidad toda y también los involucrados reclaman con carácter impostergable un rápido y definitivo esclarecimiento para salvar la salud moral e institucional de la República».

Contra la resolución que dictó la «falta de mérito», ahora confirmada por la Cámara, los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado interpusieron en su oportunidad un recurso de apelación («mantenido» en segunda instancia por el fiscal de Cámara Germán Moldes) en el que pedían que, al menos, siete senadores -un radical y seis justicialistas-fueran procesados. Según los representantes del Ministerio Público «existían elementos» para dictar los procesamientos de los legisladores Javier Meneghini (UCR), Augusto Alasino (PJ), Remo Costanzo (PJ), Ricardo Branda (PJ), Angel Pardo (PJ), Emilio Cantarero (PJ) y Alberto Tell (PJ).

Estos siete parlamentarios, junto a Eduardo Bauzá (PJ), Ramón Ortega (PJ), Alcides López (UCR) y Raúl Galván (UCR), eran quienes estaban siendo investigados por el presunto delito de «cohecho pasivo», es decir, aceptación de coimas.

Pero la Sala I, en una resolución de doce carillas, coincidió con la «falta de mérito» dictada por Liporaci, luego reemplazado por el juez Cavallo tras renunciar cuando estaba siendo investigado por el Consejo de la Magistratura. A fines del año anterior, en una de las últimas medidas que adoptó, Liporaci dictó una resolución que concluía con la «falta de mérito» de los once senadores que aparecían involucrados en la investigación por presuntos sobornos para la sanción de la mencionada norma. En aquella oportunidad, también recibieron la «falta de mérito» el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto y el prosecretario Martín Fraga Mancini, al considerar el entonces juez que eran «insuficientes» las pruebas reunidas hasta ese momento.

«A la fecha (dijo Liporaci el 29 de diciembre de 2000), no obran elementos que permitan afirmar la existencia del hecho delictuoso denunciado, así como la autoría o responsabilidad de los imputados» en esas actuaciones.

Liporaci había señalado que «los antecedentes colectados no han permitido establecer hasta el presente si los ya indagados recibieron, efectivamente, a cambio del voto favorable al momento del tratamiento del proyecto de reforma laboral, alguna suma dineraria, dádiva o dinero».