Solá logró $ 100 millones para reforzar seguridad

Alberto Iribarne

Con una imagen erosionada en su popularidad por los desaciertos en seguridad, el gobierno buscará recuperar la estima del electorado metropolitano (malhumorado por el aumento del delito y la persistencia de la protesta social) con dos medidas: una, en la calle y otra, en el Congreso.

La estrategia consiste en lanzar megaoperativos en el caliente conurbano bonaerense y en los principales accesos a la Capital Federal, donde actuarán conjuntamente policías bonaerense y de la Federal, Gendarmería y la Prefectura. Comenzará por la zona norte del conurbano bonaerense con centro en San Isidro, sindicado hoy como el foco de los secuestros extorsivos. Se pretende una saturación de policías que comenzará a ser evidente desde hoy y que quizás tenga su mayor pico de expresión el miércoles, cuando la Legislatura porteña avance en el tratamiento del Código de Convivencia y decida el destino de la ESMA. (Ver nota vinculada)

La otra parte del plan tiene como escenario el Congreso. Los legisladores oficialistas han recibido la instrucción de apurar algunos de los 11 proyectos que fueron presentados durante la gestión de Béliz y que aún no tienen sanción. La intención es enviar una señal muy clara a Juan Carlos Blumberg (como sinónimo hoy de los reclamos de la sociedad) de que el plan de seguridad no está frenado y otra al electorado porteño y bonaerense. Veamos algunas cuestiones.

• El sábado hubo una reunión clave en la casa del ministro bonaerense de Seguridad, León Arslanian, y el secretario de Seguridad, Alberto Iribarne. La charla se centró en el recrudecimiento de los secuestros extorsivos, pero el bonaerense aprovechó para reclamar los 100 millones de pesos que el gobierno nacional prometió enviarle a la provincia en la época de Béliz. Arslanian necesita ese dinero para reequipar a su Policía y poner en marcha un proyecto muy costoso como es la central de emergencias (una especie de 911 norteamericano) y aumentar el número de fiscalías. Iribarne prometió la urgente concreción de esa ayuda.

• En ese cónclave, también, se acordó realizar más operativos conjuntos para patrullar las áreas más difíciles del conurbano bonaerense, una medida que se repetirá en los ocho accesos a la Capital Federal con un refuerzo en la dotación de hombres.

Este es un punto débil de la gestión de Arslanian. El gobernador Felipe Solá le recriminó al ministro la ineficacia en la prevención y control vehicular en la zona norte del conurbano. Fue durante una reunión, por el secuestro del joven Nicolás Garnil en San Isidro.

• Además de la parte operativa, está la parte legal. Por eso, ya se habla de una sesión especial en el Senado para el miércoles donde se abordan el tratamiento de cuatro proyectos de ley que forman parte del plan integral de seguridad. Todos han cosechado un respaldo del oficialismo y de la oposición, como sucedió con aquellos proyectos que ya fueron aprobados hace casi dos meses.

• Los dictámenes que se discutirán imponen penas por el vaciamiento de empresas, establece límites para el eximición de prisión, amplía a otros delitos el sistema de protección de testigos -hoy sólo se usa para narcotráfico y no para secuestros- y modifica el régimen de procedimiento para que los fiscales puedan decir en el momento si se trata de un delito de acción pública o privada.

Será un día después de la visita del ministro de Justicia, Horacio Rosatti, quien asistirá al plenario de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales convocado para mañana. Luego mantendrá encuentros con los bloques del justicialismo y del radicalismo, donde planteará su visión sobre el futuro de algunas iniciativas que generaron resistencia tanto en la Justicia como entre los legisladores, como el juicio por jurados, la reforma del Consejo de la Magistratura y la unificación de los fueros en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

El tratamiento parlamentario de estas leyes es la antesala de otras que el Senado tiene previsto avanzar en las próximas semanas en la discusión, como el que aumenta las penas por la asociación ilícita, el que agiliza el procedimiento para los delitos cometidos «in fraganti» y el que eleva las penas para la violación de domicilio.