Sorprende un fin de año con tantas inmolaciones

• El juez Canicoba Corral se equivocó al decir que «si hay confesión, está probado el delito». En cada crimen público aparecen dementes confesándose culpables. Además, prejuzgó y ya fue recusado por el ex presidente De la Rúa. La versión: Canicoba Corral, que es veterano y de amplia experiencia tribunalicia, vería bien que lo aparten. Esto del «arrepentido» es un tema difícil. Y no hace un mes le habían traspasado al mismo magistrado nada menos que el caso AMIA, al separar al juez Galeano.
Tengamos en cuenta que entramos en una época en que, si el gobierno quiere culpables -como sucedió en el lamentable caso de Moliné O'Connor y la Corte Suprema-, el juez que no castiga entra en desgracia.

• Carlos Chacho Alvarez es otro de penosa actuación en estos días finales del año. Trató de empinarse desde una baja imagen pública tras ser dimitente contumaz y lo cachetearon tanto y desde tantos sectores, que quedó peor.

• El ex presidente Fernando de la Rúa venía bien. Era creíble cuando dijo que para hablar y defenderse esperó a que concluyera lo que habría sido su período presidencial normal (el 10 de diciembre último). Sonó sincero al decir que no hubo reunión con el controvertido Mario Pontaquarto en su despacho de primer magistrado. Literalmente, también lo acostó a Chacho Alvarez y sus eternas contradicciones. Pero se embarró hasta el cuello al decir que su gobierno comenzó a caer por un programa del animador Marcelo Tinelli. Una pavada sin sentido que cayó muy mal entre la gente.

• Pero no salió airoso el pio Tinelli. La gente recordó que en el programa de Videomatch -donde nunca debió ir un primer magistrado de la Nación -fue descortés. De la Rúa salió por el lado equivocado y provocó risas a los televidentes porque en cualquier programa televisivo con invitados se les agradece su concurrencia en cámara y se levantan y se van (equivocándose, tropezando con cables y hasta cámaras) cuando viene el corte publicitario. En ese programa, Tinelli le dio la espalda y dejó solo a De la Rúa para seguir hablando por el micrófono. Fue una descortesía hacia una persona especial que fue a su programa y fundamentalmente a la investidura del que era entonces presidente electo de la Argentina. Ignoró, inclusive, que en cualquier acto el último en hablar siempre es, precisamente, el presidente de la Nación si está invitado y va a ser orador.

Además, Tinelli manoseó al ex presidente con humor alevoso, como no hizo después con Eduardo Duhalde y como aceptó ahora ante una sugerencia de no hacer humor -salvo que sea rosado- con Néstor Kirchner.

• El juez Oyarbide también preopinó mal en el caso del arrepentido Pontaquarto, quien ya logró, por lo menos, pasar las fiestas con todo pago junto con su familia en el exterior, algo que muchos argentinos que nunca delinquieron querrían (aunque dicen que está en el país, pero siempre con todo pago). Confesó que ayudó a robarle al Estado, traicionó a protectores-cómplices, violó los deberes del funcionario público al ocultar cuatro años un delito y, además, se sospecha de «mejicaneada» porque, de ser cierta su historia, y aparentemente lo es, en la SIDE habían destinado 6 millones de pesos-dólares para la operación. Sin saber nadie cómo se vuelven luego sólo cinco millones. Quedan eventualmente para el senador Genoud 700.000 y habrían llegado a la casa del ex senador Cantarero 4.300.000 a cambio de una lista con 8 nombres y cifras asignadas, que en total suman sólo 950.000. Quedan nada menos que 3.350.000 pesos-dólares, más de la mitad del monto total del presunto soborno desde el Estado sin destino asignado por las confesiones del «arrepentido». ¿Dónde fueron?

• Alberto Fernández es un ministro eficaz de la mesa íntima de decisión del presidente Kirchner. Pero dijo: «No les vamos a dar el gusto de reprimirlos», obviamente a los piqueteros duros. No puede decir un ministro del Poder Ejecutivo eso porque todo Estado, hasta Tanzania en su capital de Dar Es Salaam, pone límites. Si los piqueduros le quieren tomar la Casa Rosada -acontecimiento ya pronosticado por el piqueduro Castells-, ¿se cree el gobierno con derecho a entregar el símbolo de dos siglos de vigencia de la República Argentina? Ayer, por empezar, los piqueteros invadieron el Patio Bullrich. Exigieron promesas de comida que los comerciantes privados se negaron a aceptar, por lo cual la próxima invasión puede ser vengativa y violenta.Y sigue el avance de la violencia piquetera, mientras el gobierno confía la seguridad de la Ciudad este sábado ante el terror generalizado de la sociedad a 3.000 piqueteros. Muy poco serio.

No hay que reprimir a «puro palo» y se acepta que puede ser así. Pero sí aplicar la ley a los cabecillas que son fáciles de identificar, como los barras bravas violentos de las canchas de fútbol. Además, este gobierno no apoyó a la provincia de Neuquén -al contrario, la retó- cuando encaró una solución «sin palos», con tarjeta individual magnética para cada beneficiario de los planes asistenciales (a partir del 2 de enero) a fin de evitar que queden cautivos de los caciques violentos que los dominan por el bolsillo. Neuquén tuvo resistencia, algo de violencia, pero persiste en una solución pacífica. Sólo autorizó un mayor retiro en efectivo del monto de los planes asistenciales. El gobierno nacional no hace nada.

Se conoce que el promedio por retiro para «el mando» de un agrupamiento piquetero es de 5 pesos por beneficiario de un plan Jefas y Jefes de Hogar. Promedio, porque a algunos les recortan más (los que son nuevos, los que no cumplen con hacer presencia en «las marchas» y otros motivos) y a otros no les cobran nada. Si se tiene el caso del líder piquetero Luis D'Elía, con 70.000 planes gestionados (es el mayor de los muchos jefes de grupos), a $ 5 promedio puede reunir $ 350.000 por mes. Es una suma insólita para agrupamientos sin encuadre legal y por eso se han creado tantos grupos (se habla de 80 que manejarían por lo menos unos 500.000 planes sobre un total de 2.200.000 en todo el país). Aun cuando un jefe piquetero tenga pocos piqueteros como «tropa propia», tiene por mes dinero suficiente para alquilar colectivos para las marchas, «guardias propios» a sueldo, camionetas con intercomunicadores telefónicos, parlantes, vianda para las mismas «marchas», etcétera. 500.000 planes dominados por jefes piqueteros significa disponer de 2.500.000 pesos por mes para «los organizadores», grandes o chicos. Los partidos de ultraizquierda -que, como bien dijo el presidente Kirchner, trataron de formar soviets a la manera de la disuelta URSS aprovechando la bronca de la gente de los cacerolazos en asambleas barriales y la espantaron-tienen con «los planes» la posibilidad nunca soñada de tener activistas pagos y no activistas sino pobres sometidos para manifestaciones callejeras. Les pagan y los tienen disponibles todo el día para hacer piquetes.

• El Estado perderá 18 millones de dólares (con actualización serían más) al dejar prescribir voluntariamente el 31 de diciembre próximo una causa de la AFIP que involucra al diario «La Nación». Todo nació de aquella denuncia de «El Guardián» a mitad de año. Hubo dos procesos y ambos prescribirán por decisión de la propia AFIP y este hecho lo investiga la Justicia Federal, sobre todo en dos funcionarios de ese organismo público. No es malo que el gobierno -como hacen muchos en el mundo-ayude a la prensa gráfica como base para una sociedad informada -Francia lo hace con los diarios-, pero en la Argentina esto trae un serio problema: que tal acto nunca es abierto ni generalizado, con lo cual se beneficia económicamente a determinados medios gráficos o productores televisivos, que pasan a ser «agradecidos» del gobierno de turno. A su vez, los gobiernos se van asegurando así el mejor pasar económico de la prensa y TV que se torna oficialista, en contra de otra independiente que, a su vez, tiene que pagar todo porque, precisamente, mejor se arriesga a la quiebra por cumplir ya que jamás le darán salvaciones como también ahora a «La Nación».

Como siempre sucede, en próximos años alguien pedirá saber cómo la AFIP persigue tanto a evasores y acepta órdenes de dejar caer juicios seguros de ganar. La sospecha sobre la AFIP la presentó la contadora Alicia Beatriz López, que -según Elisa Carrió- es de las mayores expertas en lavado de dinero y asesora a comisiones del Congreso Nacional.