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La decisión del Concejo Deliberante se adoptó durante una sesión que se realizó ayer al aire libre, en la plaza central de la ciudad y ante más de 600 vecinos movilizados en el lugar en reclamo de la suspensión del jefe comunal.
Castillo pertenece al Movimiento Popular Neuquino, partido gobernante en la provincia desde hace 40 años y está imputado en una causa judicial en la que se investiga la utilización y destino de dinero de planes sociales durante este año.
El jefe comunal debería haber reasumido ayer su cargo al vencer una licencia que tomó semanas atrás ante el escándalo desatado en esa ciudad al conocerse las denuncias de desocupados que figuraban en las listas oficiales pero que en la mayoría de los casos no percibían ningún beneficio e incluso figuraban firmando facturas y gastos del municipio que nunca habían realizado.
El fiscal Pedro Telleriarte acusó a Castillo de liderar una "asociación ilícita" integrada por funcionarios de su gobierno y un grupo de desocupados encabezado por Héctor "Zapallito" Molina.
El juez Alfredo Velasco Copello rechazó el pedido de detención a Castillo, se limitó a encarcelar durante tres semanas a Molina y a otros siete miembros de la agrupación de desocupados, pero luego los liberó por "falta de mérito".
Mientras el proceso judicial seguía estos pasos, vecinos autoconvocados de Centenario se organizaron a través de asambleas populares bajo la consigna "que se vayan todos los corruptos".
El domingo iniciaron una vigilia frente a la Municipalidad que se prolongó durante todo el lunes para exigir la separación del cargo de Castillo y de todos los funcionarios involucrados en la causa.
En ese contexto, un grupo de desocupados vinculados a Molina y al gobierno municipal ingresó a la sede del Concejo Deliberante para impedir la suspensión del jefe comunal.
No pudieron lograr ese objetivo porque el cuerpo se constituyó al aire libre, en la plaza central del pueblo y bajo la atenta mirada de cientos de vecinos movilizados suspendió sin goce de haberes a Castillo y a otros 13 funcionarios imputados en la causa judicial.
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