El gobierno argentino presentó ayer otro de los puntos de la estrategia que quiere implementar para los próximos meses en el conflicto por las papeleras de Fray Bentos. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dirige Jorge Taiana, se advirtió a los vecinos de Gualeguaychú que deberán respetar «cualquiera sea» la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la instalación de las pasteras de Botnia y ENCE en Uruguay. La posición fue presentada oficialmente por el representante de Asuntos Ambientales de la Cancillería argentina, Raúl Estrada Oyuela, que completó el panorama afirmando que «uno se somete a un tribunal para acatar la decisión que tome. Si aceptamos sus fallos cuando vienen bien y los rechazamos cuando vienen mal, en cualquiera de los casos se estaría actuando mal».
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El funcionario salió así al cruce de unas declaraciones de Martín Alazard, referente de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que señaló que los vecinos volverían a realizar protestas contra la instalación de las fábricas en la ciudad uruguaya de Fray Bentos si La Haya falla en contra de la Argentina. Alazard dijo incluso que los bloqueos de carreteras que los vecinos y ambientalistas realizaron durante 80 días entre febrero y marzo pasados serán «juegos de niños» en comparación con las nuevas protestas, que evitó detallar.
La embestida de Oyuela no fue improvisada. El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dirige Taiana sigue instrucciones directas de los responsables del tema papeleras del gobierno nacional, encabezados por la embajadora Susana Ruiz Cerrutti, la funcionaria que hizo las presentaciones oficiales en La Haya. Sucede que para la Argentina, un retorno de los cortes o incluso acciones peores como las que aventuró Alazard implicarían un serio problema para la estrategia que se quiere llevar adelante en la Corte Internacional. Uno de los ejes de las acciones del gobierno argentino en La Haya, es justificar jurídicamente los cortes, debido a que era la única forma que tuvieron los vecinos para presentar el peligro ambiental que los amenazaba de una manera clara y directa, que sea entendida por los dos gobiernos, especialmente el uruguayo de Tabaré Vázquez. Estas acciones de los entrerrianos fueron el principal hecho político que llevó a que el conflicto por las papeleras de Botnia y ENCE deba ser resueltoen La Haya, ante la violación del Tratado del Río Uruguay por parte del país vecino. Sin embargo, y una vez concretada la presentación de la Argentina en el tribunal de La Haya, jurídicamente los cortes de los puentes binacionales dejarían de tener validez; ya que el conflicto estaría en vías de definición legal en el tribunal internacional.
Incluso se recuerda que parte de las presentaciones hablaban de la aceptación de la Argentina de la suspensión de las acciones de fuerza, una vez que el caso esté en consideración de la Corte; en referencia a la resolución de la situación de fondo (la contaminación o no de las plantas), tema que demandará al menos tres años en ser resuelto. Esto, obviamente, incluye la decisión que antes del 15 de julio debe tomar el tribunal, ante el pedido de una medida cautelar por parte de la Argentina.
Implicancias
El temor concreto de los funcionarios que trabajan con Ruiz Cerrutti es que si vuelven los cortes cuando se conozca la decisión de la Corte, y que podría no derivar en una suspensión inmediata de las obras sino en un llamado a negociar la situación entre los dos países pero con el proyecto Botnia-ENCE en marcha-.
El gobierno de Tabaré Vázquez reclama una sanción económica contra la Argentina. La justificación de este potencial caso se basaría en que mientras el conflicto de las papeleras está siendo evaluado en La Haya, un retorno de los cortes producirían un daño comercial al país vecino sin ningún tipo de justificación legal.
El litigio acaba de pasar una etapa de audiencias en la Corte de La Haya, donde la Argentina pidió una medida cautelar para que se paralicen las obras hasta que se realice un nuevo estudio del impacto ambiental que tendrán las papeleras, a las que la Argentina considera contaminantes.
Fuera del pensamiento de la Cancillería argentina, el retorno de los bloqueos a los puentes de Gualeguaychú y Colón también generan preocupación en otras reparticiones.
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