Luego de la efímera tregua entre el Episcopado de Jorge Bergoglio y la Casa Rosada, los diputados kirchneristas volvieron a presentar un proyecto de ley que apunta a reglamentar los casos de aborto no punible. Tras asumir la presidencia, Cristina de Kirchner había ordenado archivar todas las iniciativas vinculadas a las interrupciones de embarazos y salud reproductiva, pero Diana Conti removió la veda al presentar un proyecto para despenalizar el aborto.
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La norma propone que el aborto practicado por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer embarazada, no es punible si se realiza con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y si este riesgo no puede ser evitado por otros medios. Esta excepción, llamada aborto terapéutico, ya estaba contemplada en el Código Penal, al igual que los embarazos generados a partir de la violación de una mujer discapacitada o con deficiencias mentales. Pero la diputada kirchnerista propuso ahora interrumpir las gestaciones también si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina del feto.
«El aborto no puede considerarse por fuera de los compromisos asumidos por nuestro país, o sin enmarcarse en el debate sobre la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres», explicó la diputada del Frente para la Victoria.
En los fundamentos de su iniciativa, la legisladora detalla la situación en que se encuentra la Argentina, donde, afirma, que no se ha ajustado la legislación, a las recomendaciones del Comité Permanente de la CEDAW (Convención sobre todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer). En cuanto a dicha convención, en el año 1997, el comité instituido por la misma, con facultades de control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados parte en el tratado, recomendó al gobierno nacional revisar la legislación sobre el aborto. «El Estado no ha respondido entonces, ni lo ha hecho hasta la actualidad», asegura el texto del proyecto.
«Es oportuno dejar planteado entonces que el debate sobre el tratamiento normativo del aborto debe realizarse en el marco de la consideración de los derechos humanos, en el que están involucrados el respeto a la autonomía, a la salud integral, a la dignidad, entre otros. Los derechos humanos de las mujeres requieren la consideración de los derechos acordes a su especificidad sexual y reproductiva», concluyó Conti.
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