Trabaron sanción de la "ley Clarín"

Lobbistas del monopolio “Clarín” y legisladores del gobierno trataron de sacarla pero hubo trabas, al menos hasta hoy. Modifica la Ley de Quiebras y suspende ejecuciones por 180 días. Fundamentalmente licua el enorme pasivo de «Clarín», que ya como empresa está en default. El artículo 6 «salva» casos puntuales (una empresa de cable que prendó acciones y ahora no la podrán dominar aunque no pague), y otra ex estatal (cedió la facturación). Renegar del contrato privado u obligar al acreedor legítimo a asociarse en minoría puede servirle a «Clarín», que siempre se abastece de los gobiernos y del lobby entre los legisladores extrayendo leyes. Para las restantes empresas que la usen, si esta barbaridad se aprueba, significará que en el futuro tendrán serias dificultades para lograr un financiamiento exterior.

Fracasó anoche en el Senado el proyecto de salvataje del monopolio «Clarín», camuflado en una sospechosa modificación de apuro de la Ley de Quiebras, que confeccionó el gobierno para satisfacer al holding Noble-Magnetto licuándole su deuda. Primó, al menos temporariamente, la cordura de la mayoría de los senadores, que no se prestaron a avalar este poco serio proyecto. Quedó latente que hoy a las 10 continúen con la sesión y terminen sancionándolo.

La iniciativa, que amplía lo que redactaron los manzanistas Oscar Lamberto y Miguel Angel Toma para suspender ejecuciones por 180 días, parece hecha por un abogado de ese monopolio de prensa, que ahora busca que el Estado, o sea los argentinos, termine pagando sus malos negocios.

Hubo intentos de varios legisladores sensatos, entre ellos Malvina Seguí (PJ-Tucumán), Sonia Escudero (PJ-Salta), el riojano Eduardo Menem y el renovador salteño Ricardo Gómez Diez, quienes auspiciaron postergar el debate una semana para analizar con detenimiento los cambios al sistema de concursos y quiebras.

Transitoriamente se impusieron y lograron conseguir un cuarto intermedio hasta las 20.30 en la sesión de la víspera, que se prolongó en medio de encendidos debates a puertas cerradas hasta esta mañana. Hubo una reunión de urgencia en oficinas de la ex Caja de Ahorro, donde se trataron de limar las objeciones entre senadores. El hecho de que el debate en el recinto se postergara, cuando originalmente se preveía para el mediodía de ayer, convenía a los defensores de la iniciativa que, avergonzados por ser cómplices de una prebenda de tal magnitud, querían que el tratamiento pasara inadvertido y no llegara a ocupar la tapa de los diarios (menos «Clarín» y sus seguidores que, obviamente, lo elogiarían).

Los que se oponían apostaban a frenar la propuesta con la huida nocturna de quienes no querían prestarse a un enjuague tan de apuro y los de quienes preferían anticipar el fin de semana en sus distritos, como ya habían hecho el riojano Jorge Yoma y el catamarqueño Luis Barrionuevo.

Una de las críticas -a la que se acopló la radical jujeña Mónica Arancio de Beller-era que el Ejecutivo pretendía reemplazar totalmente el actual régimen de «cram down» (se habilita que un tercero se haga cargo de las acciones de la firma concursada) por el de capitalización, mediante el cual los acreedores terminan siendo accionistas minoritarios de la deudora de manera forzada. Es decir que bancos, proveedores y hasta el mismo Estado se verían obligados a convertirse en socios de sus deudores incobrables. Una barbaridad.

Para Gómez Diez, no sólo afectaba el derecho de propiedad esta disposición sino que también podría llegar a agravar el «corralito». «Si un banco tiene que quedarse con acciones del acreedor, está condenado a carecer de liquidez y no podrá devolver depósitos», explicó el delegado de la oposición de Salta con bastante criterio.

Otros senadores, que preferían mantener el anonimato para no ser víctimas de represalias del monopolio «Clarín», descubrieron que el articulado del proyecto no sólo defendía los intereses de holding periodístico sino que también contenía beneficios para otras empresas, por caso el grupo Socma. Por lo tanto, clamaron por correcciones de último momento.

Invitado por la sanluiseña Liliana Negre de Alonso, un especialista en la materia, el abogado concursalista Ariel Daso, asistió anteanoche a la Comisión de Legislación General, donde se discutía posponer la iniciativa y reconoció que él necesitaría 4 o 5 días para desmenuzar la propuesta y emitir una opinión fundada. Los senadores, que no son técnicos en la mayoría de los casos, se veían compelidos a sancionar la «ley Clarín» a menos de 48 horas de haber recibido una copia del texto. Por supuesto, resultaba determinante la presencia de los lobbistas de «Clarín» que recorrieron los despachos clave en las últimas horas y recibieron la inestimable ayuda de otros interesados en este engendro jurídico, como sectores de la Unión Industrial Argentina.

El pressing del holding provocó tanta inquietud que los nervios llevaron al rionegrino Miguel Angel Pichetto a quedarse sin argumentos. Sin atinar a hilvanar una idea coherente que sostuviera la «ley Clarín», anteanoche llegó a decir en la Comisión de Legislación General que «esto obliga a los acreedores a hablar con los deudores». Es decir que la norma no soluciona nada, excepto los problemas del monopolio «Clarín» y otros pocos que hicieron malos negocios.

Curiosamente, Pichetto -que ofició de vocero del duhaldismo en el Senado y, por ende, del monopolio de prensa «Clarín»- no se preocupó de que el Estado termine siendo accionista de empresas quebradas.