Trampa: El bus turístico, los costos de transacción y la defensa de los consumidores

Por Mariana Conte Grand y Germán Coloma, economistas, Universidad del CEMA.

Hace ya un tiempo se pueden observar ómnibus pintados de amarillo, sin techo, que recorren distintos puntos turísticos de la Ciudad de Buenos Aires. Este hecho es positivo, ya que la mayoría de las grandes metrópolis del mundo cuentan con este tipo de servicio, en el que el ómnibus tiene paradas en los puntos más importantes de la ciudad y uno se puede bajar a visitar el lugar para luego volver a subir hasta el próximo punto de interés. El entusiasmo es aún mayor cuando uno visita la página web del gobierno de la ciudad (http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es/recorrido/busturistico) y encuentra que, inclusive, hay horarios establecidos y un recorrido especificado, todo al nivel de cualquier capital internacional.

Sin embargo, el entusiasmo con los buses amarillos de Buenos Aires dura poco cuando uno intenta utilizar su servicio, tal como hicimos nosotros y nuestro hijo el domingo 2 de junio. Según anuncia la página del servicio tercerizado del bus turístico, las tarifas para los residentes de la ciudad de Buenos Aires son de $90 por persona (http://www.buenosairesbus.com/tarifas.htm). Pero, cuando uno se presenta en la parada 0 del colectivo con su DNI acreditando ser vecino de la ciudad, tal como lo requiere la publicidad, se encuentra con que el boleto cuesta en realidad $120, ya que junto con él es obligatorio comprar una tarjeta "T-card", que vaya uno a saber para qué sirve. Si uno dice que no la quiere, se niegan a venderle el pasaje, y le muestran un cartel en la pared (aquí reproducido) que informa el precio de $90 + $30 pesos por la tarjeta.

Además de expresar la bronca por el frustrado paseo del domingo, esta nota tiene como objetivo tomar este tema como ilustración del poco respeto que se tiene en el país por la política de defensa del consumidor. La defensa de los consumidores es una política de estado, de igual jerarquía que la defensa de la competencia o la regulación bancaria o de servicios públicos. Tiene como objetivo principal que los mercados operen de forma que arrojen beneficios para los consumidores y, por esa vía, para el país como un todo. Para que ello suceda, los consumidores deben poder ser participantes activos en dichos mercados, ya que son una parte de éstos (los demandantes). Para que los demandantes puedan cumplir su papel, deben estar bien informados.

Es precisamente el problema de la información el que está detrás de la lógica económica de la política de defensa del consumidor, que en la Argentina está instrumentada a través de la ley 24.240. La idea es que, como en general los productores y distribuidores tienen mayor información sobre los bienes que venden que la que tienen los consumidores de los mismos, es responsabilidad de aquellos dar información verídica y fehaciente sobre sus productos, tanto en lo que hace a sus características como a sus condiciones de comercialización (por ejemplo, su precio de venta). Es por eso que, entre otras obligaciones, los fabricantes y vendedores de productos deben garantizar la calidad de los mismos, deben informar sobre la composición y cantidad de los mismos, y deben cumplir con las promesas que realizan cuando publicitan sus productos (por ejemplo, si anuncian un determinado precio por Internet, ese precio debe estar disponible cuando uno se presenta a adquirir el bien o servicio en cuestión).

Éste no es el caso del bus turístico de la Ciudad de Buenos Aires. Se le miente al consumidor, quien desde su casa toma la decisión de optar por el paseo porque entiende que los beneficios que percibe en el mismo (pasar un lindo domingo en familia) serán iguales o mayores a los costos ($90 por integrante de la misma, más el costo de desplazarse hasta el lugar). Hay gente que igual tomaría la opción de subirse al bus si los costos fueran $120 por persona, así que la información errónea le genera costos impensados pero no le hace cambiar de plan. Sin embargo, otros consumidores habrían optado por otra alternativa si hubieran sabido que el costo era $120 y no $90 por persona.

¿Cuál es la lógica por la cual un vendedor decide anunciar un precio por Internet y luego cobrar un precio mayor cuando los consumidores se presentan a adquirir el producto? La respuesta tiene que ver con el concepto de "costo de transacción", que es el costo que tiene utilizar un mecanismo de mercado para las partes que comercian en dicho mercado (oferentes y demandantes). En el caso del bus turístico, el consumidor que se presenta en el local de Diagonal Norte y Maipú para adquirir su pasaje, ya ha incurrido en el costo de llegar hasta ese lugar y de acomodar sus actividades para disponer del tiempo para el paseo elegido. Con ese costo ya "hundido", es probable que no cambie su decisión por enterarse que el viaje cuesta $30 más, cosa que probablemente sí habría hecho si esa información la hubiera tenido cuando decidió realizar el paseo.

Es precisamente por temas como ese que las normas de defensa del consumidor le exigen a los oferentes que respeten las ofertas que publicitan, y por la cual las autoridades encargadas del tema le ponen multas a los comercios que tratan de vender productos a precios superiores a los que anuncian por Internet, o en publicidades de diarios, o en los carteles que ponen en las góndolas de los supermercados. Una de las autoridades encargadas de aplicar la ley de defensa del consumidor es precisamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es el mismo que auspicia el bus turístico, lo hace pintar de amarillo y, presumiblemente, controla el desempeño de las personas encargadas del servicio. Llama por lo tanto la atención que, en este caso, sea cómplice de una violación flagrante de la ley 24.240, aprovechándose de la información asimétrica que existe entre oferentes y demandantes, y de los costos de transacción en los cuales estos últimos incurren cuando deciden hacer uso de este servicio.

En resumen, gracias al proveedor del servicio del bus turístico, nos quedamos sin paseo, pero ahora tenemos un ejemplo más de fracaso regulatorio para usar en nuestras clases de economía en la universidad.