Tras 16 años, dictan condenas a Uberti y a aduaneros por el caso Antonini Wilson

Tribunal decidió por mayoría absolver a De Vido. Extitular del OCCOVI, único con prisión efectiva a 4 años y 6 meses por tentativa de contrabando; el resto, a 1 año condicional por encubrimiento. Echegaray absuelto (sin acusación fiscal).

Antonini Wilson.

Luego de 16 años de la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson intentó ingresar con una valija con casi u$s800 mil, el Tribunal Oral en lo Penal Económico dictó condenas contra el extitular del OCCOVI Claudio Uberti y contra toda la cadena de mando de la Aduana que participó del operativo de su hallazgo. Sin embargo, los jueces absolvieron al exministro de Planificación Julio De Vido y al extitular de la Aduana Ricardo Echegaray, este último sin sorpresa porque el Ministerio Público Fiscal había anticipado que no iba a acusarlo porque no se había probado durante el juicio oral que hubiese impartido órdenes en el caso. Los fundamentos de por qué los magistrados entendieron que el exfuncionario fue responsable del delito de tentativa de contrabando de divisas y los aduaneros de encubrimiento agravado de aquella maniobra serán dados a conocer el 27 de noviembre. Fue el punto final a una historia que marcó a fuego la política argentina y que sorteó distintas instancias hasta el debate oral que comenzó hace seis meses con el principal protagonista ausente: Antonini Wilson.

El veredicto fue escueto pero varias de las capas que rodearon la cuestión a lo largo de los años ya habían quedado en el camino. El fiscal Marcelo Agüero Vera, en su alegato, había descartado que hubiese pruebas en torno al posible lavado de dinero y evitó, como a lo largo de todas las audiencias, caer en la tentación facilista de desparramar acusaciones que no tenían respaldo en ningún elemento siquiera indiciario. El camino del origen del dinero que estaba en la maleta se ubicó en la petrolera PDVSA; su destino, un misterio. La “embajada paralela”, el fideicomiso con Venezuela y hasta la causa “cuadernos” fueron rodeadas durante las audiencias pero no pesaron para las calificaciones, que giraron exclusivamente en torno a si Uberti había pretendido hacer que Antonini pase una valija que no le pertenecía, y si los agentes de la Aduana habían evidenciado más que una negligencia al no hacer constar en el acta del operativo todas las alternativas de contexto del episodio, lo que derivó en que no se alertara de inmediato a las autoridades judiciales de entonces. El resto es historia conocida.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 que ejecutó un juicio veloz -donde cabe destacar que reinó un clima de concordia entre todas las partes- escuchó las últimas palabras de los imputados en los tribunales federales de Comodoro Py y volvió a citar a las partes para pronunciarse a las 13. La conclusión le dio en parte la razón a la fiscalía que había solicitado penas de hasta 2 años de prisión en suspenso para los aduaneros, pero las redujo a la mitad como máximo. Y le asignó, incluso, mayor responsabilidad a toda la línea jerárquica que al guarda Jorge Lamastra que participó aquella madrugada del operativo junto a María de Luján Telpuk, la agente de la PSA que saltó al estrellato con el caso y cuya versión, hoy en día, permanece vigente.

Para el TOPE N° 1 Uberti fue coautor del delito de contrabando agravado y lo condenó a 4 años y seis meses de prisión efectiva más inhabilitaciones por haber intentado ingresar los u$s790.550 dólares que estaban en la valija. A Lamastra, el guarda, como coautor pero de encubrimiento agravado se lo condenó a 10 meses de prisión (en suspenso) más 1 año y 8 meses de inhabilitación como funcionario público; a María Cristina Gallini (su jefa) a 1 año de prisión en suspenso con las mismas inhabilitaciones; a Guillermo Lucángeli y a Rosa García, el tribunal le asignó idénticas condenas a 1 año de prisión en suspenso.

El episodio que se erigió como un mito inaugural de las sospechas de corrupción por más de una década y media terminó salpicando solo a quienes estuvieron más cerca del dinero, de aquellos fajos de billetes de u$s50 que ocupaban esa maleta. Antonini Wilson no volvió más al país y conserva el estatus de prófugo para la justicia argentina. El FBI montó un juicio a medida en sus tribunales y descerrajó una sentencia concordante con su política exterior que se proyectó en Argentina pero que no tuvo anclaje en el juicio que se llevó a cabo.

En sus últimas palabras, Uberti fue el único que había llevado algo por escrito y remarcó que “aportó datos y dijo la verdad”. Destacó que el juicio le sirvió para demostrar que no tuvo participación en el hecho ante sus “pocos” amigos. Y se preguntó qué pasaría si algún día es juzgado Antonini y respaldara su versión. Ahora deberá ir a discutir a Casación. De Vido fue más lacónico, destacó la “seriedad” del tribunal e hizo suyas las palabras de su defensa que, en sus alegatos, fueron extremadamente sólidas desde lo técnico.

El componente más emotivo lo propusieron los aduaneros que demostraron que hasta el último momento consideran que fue correcto su accionar y apegado a las normas. “No había ocultamiento”, repitió casi en el vacío Rosa García, lo que diferencia una infracción de equipaje de un contrabando que debe ser alertado a la justicia. “Volvería a hacer las cosas como las hice”, sostuvo la mujer, hoy jubilada con 80 años y con una carrera destacada en la Aduana. Dejó claro ese orgullo de pertenecer. Lucángeli fue el más enfático y hasta indignado con la situación que debían atravesar él y sus pares. “Estamos aquí por haber cumplido nuestras funciones”, exclamó al comparar que el mismo estándar es el que hoy en día se aplica. “Sabemos que esto ha sido un tema político”, lanzó. Esa cuestión estuvo presente en todo el debate. El caso estalló en las vísperas de la campaña presidencial que llevó a Cristina de Kirchner a su primer mandato. “Se creyó en el relato de una señorita”, disparó, en clara alusión a Telpuk. Gallini fue la penúltima y utilizó el tiempo para afirmar: “Yo no soy culpable; hicimos lo correcto”.

Lamastra aseguró tener “tranquilidad de conciencia” por haber cumplido su función, pero deslizó un último ruego acerca de que “si hubo algún error”, pedía disculpas. Todos confeccionaron el acta, la firmaron y se comunicaron entre sí aquella madrugada cuando contabilizaban el dinero en presencia de Antonini y de Daniel Uzcátegui, el hijo del presidente de PDVSA que había llegado en el avión con la comitiva que encabezaba Uberti.

La fiscalía había pedido 5 años de prisión para De Vido pero a criterio de los jueces no hubo ninguna “orden” que pudiese ser probada para acreditar que el dinero que Antonini había buscado ingresar “por pedido de Uberti” se enmarcaba en el camino abierto por la relación bilateral entre Argentina y Venezuela y en la autorización para ese viaje que había contratado Enarsa. Para Uberti, por el contrario, pesaron las sucesivas comunicaciones que entablaron luego del hecho, el “puente” de comunicación que su exsecretaria Victoria Bereziuk declaró que hizo al día siguiente, y en los registros que quedaron asentados de reuniones previas en el OCCOVI de Antonini, además de la disposición de choferes para sus traslados en el país. Para los jueces, el dinero no era del venezolano o, si lo era, buscó ser ingresado aprovechando el viaje oficial. El acta del operativo -de acuerdo con las responsabilidades finales- fue para la “simulación” (según la fiscalía) del procedimiento, sin consignar del todo las circunstancias que rodearon el extraño hallazgo. Omitieron denunciar pero, sin embargo, otra área de la propia Aduana se encargó de hacer saber el tema a la justicia con días de diferencia. Esa circunstancia y que no se hubiera probado que intervino ni en comunicaciones ni en instrucciones fue lo que terminó exonerando a Echegaray.

El dinero que estaba en la maleta ya no existe tampoco. Se convirtió en “Estrellita de la Nueva Esperanza, un Espacio de Primera Infancia en Tafí Viejo, Tucumán. Nadie nunca lo reclamó como propio.