Los u$s 790 mil que se le retuvieron al venezolano Antonini Wilson, en Aeroparque, en
imagen registrada por la Gendarmería.
La primera causa judicial por la famosa valija con u$s 800 mil que llegó al país en el vuelo alquilado por ENARSA y provocó ya la salida del gobierno de Claudio Uberti siguió ayer sin tener juez a cargo. Diego Zysman, juez en lo Penal Económico que recibió el expediente cuando se excusó la jueza Marta Novatti, rechazó también estar al frente de la causa. Justificó la decisión en no estar de acuerdo con los argumentos de Novatti para dejar la investigación. Ahora, la Cámara en lo Penal Económico deberá definir qué juez investigará el escándalo de la valija con u$s 800 mil, dinero que permanece secuestrado en la bóveda del Banco Nación, a la espera del avance judicial.
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Como el trámite de adjudicación de la causa a un nuevo juez podría demorar, Zysman -quien recibió de parte de la Aduana copia de todas las actuaciones y fotografías del hallazgo- decidió delegar la investigación en la fiscal Laura Rivas Diez, tal como ella misma lo venía pidiendo desde el viernes pasado para que no se paralizara la investigación.
No bien fue notificada, Rivas Diez se encerró en su despacho a elaborar las primeras medidas de prueba que solicitará mientras la Cámara decide. Rivas ya había adelantado que entre los primeros pedidos estaría el de captura internacional al venezolano Guido Antonini Wilson, a quien se dejó salir del país cuando la causa había quedado sólo en una investigación por infracción aduanera. Ahora, la fiscal habla de presunta «tentativa de contrabando» y cree que existen elementos suficientes como para suponer que Antonini intentó una maniobra de ocultamiento esa noche antes de que las valijas de los pasajeros del avión fueran pasadas por el escáner de la Aduana en la terminal Sur de Aeroparque.
Multa en suspenso
De todas formas, hasta que no se defina la carátula de la causa, no se podrán disponer medidas sobre el dinero incautado, por lo que la posibilidad de cobrarle una multa al ciudadano venezolano que intentó ingresarlo al país sin declararlo quedó suspendida.
Antonini arribó al país el sábado 4 a la madrugada en un vuelo privado contratado por la estatal ENARSA en el que también viajaban tres funcionarios argentinos, entre ellos, el recientemente despedido de su cargo Claudio Uberti y el presidente de esa empresa, Exequiel Espinosa, además de la secretaria de Uberti, Victoria Bereziuk. Mientras tanto, el juez federal Jorge Ballestero comenzó a avanzar en la investigación por la denuncia sobre el mismo hecho que realizó el peronista Ricardo Mussa. Ballestero podría recibir también la denunciapresentada por el radical Gerardo Morales sobre « lavado de dinero y soborno internacional», pero esa causa en el sorteo le tocó a María Romilda Servini de Cubría, quien debe decidir ahora si la remite por conexidad al juzgado de Ballestero.
El juez comenzó ayer a pedir las primeras medidas de prueba: les solicitó a las dos empresas del país que prestan servicios de alquiler de taxi aéreo internacional que informen sobre los viajes realizados por sus aviones a Venezuela; también le envió un oficio a Julio De Vido para que le informe los viajes de Uberti al exterior y con quién fue acompañado; también, a la Dirección de Migraciones para que informe las salidas y entradas de Uberti, para solicitar luego las listas de pasajeros a las empresas aéreas; y también a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que le remita las filmaciones de las cámaras de seguridad de la noche en que arribó el Cesna Citation de Royal Class desde Caracas.
Mientras la Justicia define estrategias, toda la oposición atacó ayer al gobierno. Elisa Carrió ni siquiera pidió explicaciones: «Uberti es Kirchner, lo invencible se está cayendo y lo republicano, la justicia y la igualdad ya están llegando», dijo. Por el gobierno, Alberto Fernández ensayó defensas toda la mañana y hasta se asomó a la conveniente tesis de un complot internacional contra el eje Kirchner-Chávez: «No lo puedo ni afirmar ni negar porque no lo sé. Entiendo que en el mundo de las sospechas todo es posible, tanto lo de la CIA como lo de las coimas», dijo sobre la posible participación de la estadounidense CIA en el hecho, complot que alentaron Luis D'Elía y el gobierno de Venezuela (ver nota aparte). Pero ratificó la línea que el gobierno sigue desde el principio del escándalo al pedir explicaciones al gobierno de Chávez: «El tema lo tienen que aclarar los que pidieron que subiera este señor al avión».
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