La central obrera analiza los pasos a seguir para evitar la implementación de la ley que modificó sustancialmente la ley de Contrato de Trabajo.
La CGT está trabajando en la redacción de una presentación que apuntará a derrumbar la reforma laboral.
La Justicia dio un primer revés a la estrategia de la Confederación General del Trabajo (CGT) para frenar el contenido de la reforma laboral. Sin embargo, la batalla judicial recién empieza y desde la central obrera anticiparon a Ámbito cuáles serán los caminos a tomar para evitar la implementación de la ley sancionada por el Congreso a fines de febrero.
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Este miércoles, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 desestimó el primer planteo de la CGT para rechazar de manera inmediata los artículos 90 y 91 de la norma que habilitan el traspaso de la Justicia Laboral Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, complementarios del convenio firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y autoridades del gobierno de Jorge Macri.
En su presentación, la central sindical había presentado un amparo y una medida cautelar “innovativa” para suspender la aplicación de ambos puntos hasta que se resolviera el fondo del asunto. Argumentaban que el traslado de competencias implicaría la disolución del Fuero Laboral -tal como indica el convenio- lo que podría generar dificultades para revertir si en un futuro la ley es declarada inconstitucional.
Pero el magistrado resolvió rechazar la medida cautelar solicitada ya que, según consideró, no correspondía hacer lugar en esta etapa del proceso. Así las cosas, el traspaso seguirá vigente mientras continúa el trámite de la causa y hasta que exista una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados.
En diálogo con Ámbito, fuentes de la CGT anticiparon que el siguiente paso es recurrir ante una instancia superior para que revise el fallo del juez. "Esto es apelable y lo vamos a hacer. Nos vamos a presentar en los próximos días ante la Cámara de Apelaciones", confirmaron.
La resolución fue el primer revés judicial para el sindicalismo en intento de frenar uno de los bloques de la reforma laboral, en este caso el Capítulo V de la ley que generó rechazo en el mundo judicial, particularmente dentro de los empleados del propio fuero que ven con preocupación el futuro de sus puestos de trabajo.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) advirtió que por la supresión de la instancia judicial nacional podrían estar en riesgo 1.600 puestos de trabajo. Ante ese panorama, activaron medidas gremiales que incluyeron paros e incluso la toma de la sede del fuero ubicada en Roque Sáenz Peña 760, CABA.
El oficialismo nacional asegura que uno de los objetivos de la reforma y del traspaso es terminar con lo que denominan como la "Industria del Juicio". Aseguran que el fuero laboral es "afín al kirchnerismo" y "anti empresa".
El jefe de Gabinete de CABA, Gabriel Sanchez Zinny, coincidió con la visión de Nación al afirmar que la transferencia "se termina la persecución sistemática a los empleadores". "Durante años la capacidad de emprender de PYMES y comercios fue perjudicada por la industria del juicio", dijo. Aunque fuentes porteñas involucradas en el traspaso aseguran que apuntan principalmente a mejorar la eficiencia y a acelerar los fallos.
En paralelo, la CGT está trabajando en la redacción de una presentación que apuntará, ya no al traspaso en sí, sino a derrumbar la ley en su totalidad. El escrito se llevará a la Justicia "en los próximos días". "Tenemos buenas expectativas con respecto a que avance", aseguraron a este medio.
La normativa habilita que la jornada diaria pueda extenderse hasta 12 horas, siempre que exista un acuerdo escrito entre empleador y trabajador. A su vez, se crea un banco de horas, que permitirá compensar horas extra con días de descanso. El esquema deberá respetar los límites legales vigentes y tendrá que haber un mínimo de 12 horas de descanso entre turnos.
La reforma incorpora la figura del “salario dinámico”, que podrá establecerse en convenios colectivos y vincular la remuneración con el desempeño o mérito individual del trabajador.
Asimismo, para calcular la indemnización por despido sin causa se considerará únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos como el aguinaldo o las vacaciones.
La normativa fija que la indemnización será la única reparación económica frente al despido y establece un nuevo mecanismo de actualización de créditos laborales, que se ajustarán por IPC más un 3% anual.
Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir costos de desvinculación. Este fondo se financiará con aportes mensuales de los empleadores: 1% de las remuneraciones para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo podrá elevar esos porcentajes hasta 1,5% y 3%, respectivamente, con aval de la Comisión Bicameral.
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