Quizá por reajustes de asesoramiento en el uso de sus atribuciones, Jorge Telerman tuvo nuevos tropiezos al firmar decretos de necesidad y urgencia. Le acaban de rechazar en la Legislatura el segundo en el año y anunció otros que no llegó a presentar nunca porque le negaron anticipadamente el voto.
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En esta ocasión, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña rechazó la intervención al Instituto de la Vivienda que el jefe de Gobierno había dispuesto tras la usurpación y el saqueo de departamentos que iban a ser entregados en el marco de los planes de ayuda social del organismo. Aquellos episodios dejaron al Gobierno con sospechas de irregularidades en el otorgamiento de las viviendas. Telerman firmó por eso un DNU para intervenir el Instituto, dejando como interventor a su titular, pero con suspensión de las funciones de los directores.
Algunos macristas quieren ahora constituir una comisión que investigue cómo funcionaron las operatorias en el otorgamiento de viviendas, aunque no fue el motivo principal del rechazo a la norma de Telerman. Los legisladores consideraron, en cambio, que no correspondía la redacción de un DNU, ya que él tiene facultades para pedir las renuncias de los directores del IVC y nombrar otros, y lo podría haber hecho con un decreto simple.
«Ajustándonos estrictamente a la interpretación de la Constitución, rechazamos el DNU porque no correspondía que Telerman tomara esa medida por ley, un DNU es una ley, ya que podía hacer un decreto y nada más», explicó el arista Enrique Olivera, titular-de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El mismo debate se dio cuando Telerman firmó el primer DNU del año para modificar cuestiones relativas al código de faltas, que también le negó la Legislatura.
Plazo
En la Ciudad de Buenos Aires, los DNU deben ser tratados por los legisladores dentro de los 30 días hábiles de su envío a la Legislatura por parte del jefe de Gobierno. Si no los tratan, la norma pierde vigencia y lo mismo sucede si los rechaza.
Los legisladores podrían no tratar en el recinto el DNU 2/2006 de intervención o bien, sin hay consenso, aceptarlo, pero si lo rechazan, Telerman tendrá un escollo pero no un grave problema, ya que podrá recurrir, como explicó Olivera, a la redacción de un decreto común que no requiere del aval legislativo.
Olivera, además, indicó que «si Telerman hubiera pedido alguna facultad extraordinaria para el interventor, quizá se justificaba un DNU, pero no la pide; utilizó un mecanismo equivocado».
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