Tres derrotas para Kirchner cuando pasa su mejor momento

Política

LE IMPUTAN CONTUBERNIO CON LABORATORIOS. Justo cuando Néstor Kirchner goza de su mejor momento -por el éxito económico y debido a la parálisis que le generó a la oposición al designar a Daniel Scioli como candidato bonaerense-, en su propio núcleo de Diputados, que se suponía obediente, tuvo que soportar el rechazo a un proyecto clave en su política de derechos humanos. La creación de un instituto de datos genéticos destinado a la búsqueda de hijos de desaparecidos terminó con denuncias de connivencia con laboratorios genéticos privados. La impulsó nada menos que Remo Carlotto, hijo de Estela, que fue criticado en el recinto. Eduardo Luis Duhalde -otro de los padres de la criatura- tuvo que soportar en el debate el rechazo de todos los bloques, incluida la bancada oficial. LE RECHAZAN PROYECTO SOBRE ESTATAL AYSA. Las complicaciones de fin de año del gobierno en el Congreso incluyeron también a Julio De Vido. Consiguió que los senadores le aprobaran un nuevo marco de funcionamiento para la empresa estatal de agua y la disolución del ente regulador del área. Se intentó que los diputados hicieran lo mismo, y la derrota, por ahora, fue estrepitosa. Demostró la oposición que el kirchnerismo no puede aprobar cualquier ley que se proponga, como sucedía hasta ahora. No tuvo el bloque oficial fuerza ni para habilitar una simple votación. Ni siquiera pudo presionar, sabiendo que era un proyecto pedido para Planificación Federal, de la que dependerán la empresa y su control cuando se vote esa ley. Mal presagio para votaciones más complicadas en 2007. LE VOLTEAN UN BONO DE SOSPECHOSO MONTO. Termina en escándalo político un pedido del gobierno al Congreso que, en principio, pareció inocente: emitir $ 1.300 millones más en bonos para pagar juicios a jubilados y proveedores. Nada extraño en un gobierno que ha incrementado el gasto público sin descanso. Pero detrás apareció un pago a hacer con esos bonos por $ 598 millones a la quiebra del mendocino grupo Greco. Se puso en duda esa deuda en el Congreso. Sólo eso bastó para que el oficialismo diera marcha atrás. No habrá nuevo bono para los Greco ni ningún otro pago. Hasta el kirchnerismo aprobó ayer que la Auditoría investigue.

La decisión del Senado de no autorizar al gobierno un incremento de $ 1.300 millones en la emisión de bonos de este año desató una investigación en el Congreso que ya excedió el congelamiento de ese pedido. Ayer la Comisión Mixta Revisora de Cuentas decidió por unanimidad que la Auditoría General de la Nación investigue las deudas que el Estado debe pagar al ex grupo Greco.

Esas deudas sumarían $ 598 millones por causas que ex integrantes del grupo Greco y sucesores habían iniciado contra el Estado. La sentencia en esa causa contra la Nación se había emitido a finales de 2001 y los legisladores investigan si los abogados del Estado apelaron en tiempo y forma. De acuerdo con el pedido que hizo el gobierno al Congreso para ampliar la emisión de BOCON y BOCON previsionales de 2006, esa deuda fue incluida dentro del rubro «pago a proveedores», una asignación que en el Congreso no entienden y ponen en duda, junto a otros pagos por sentencias judiciales previsionales y a ex empleados de YPF por deudas del Programa de Propiedad Participada.

  • Sin antecedentes

    La consecuencia fue una decisión que no registra antecedentes: el Congreso -involucrando en esto a diputados y senadores del oficialismo y la oposición- ordenó en 48 horas frenar la autorización al gobierno para emitir esos bonos para cancelar la deuda e investigar el pago que el Poder Ejecutivo ya había ordenado.

    El primer paso lo dio el propio Miguel Pichetto en el Senado al ordenar que se eliminara de la lista de votación el proyecto completo después de una semana de pedidos de aclaraciones por parte del radical Gerardo Morales y de informes del gobierno sobre ese tema. «Que las deudas se paguen con superávit o los bonos que ya están autorizados», dijeron los kirchneristas en el Senado antes de la sesión.

    Ayer se completó la avanzada del Congreso. Por un pedido del radical Ernesto Sanz, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas decidió girar a la Auditoría General los pagosal grupo Greco para ser investigados.

    Hace 72 horas los radicales, que denunciaron no entender por qué el Estado debía cancelar $ 598 millones a la quiebra de ese ex grupo mendocino, reclamaron que se constituyera una comisión legislativa para investigar el origen y legitimidad de una deuda que el Estado tiene con la familia de los hermanos Greco.

  • Postergación

    El tema ya había provocado la semana pasada que se postergara todo el pedido de ampliación de nuevos títulos solicitado por el gobierno al negarse la UCR a habilitar su tratamiento sobre tablas. Alegaron en ese momento no contar con la información detallada.

    Esa ley había sido aprobada en Diputados con la intención de cancelar deudas con jubilados que tenían sentencia judicial firme, y a ex trabajadores de YPF. Pero junto a esos montos aparecía una planilla con pagos a realizar por $ 710 millones destinados a «pago a proveedores».

    El escándalo armado por la oposición terminó por revelar que en ese rubro se habían incluido pagos por $ 123,6 millones a José Greco, Oscar Francisco Greco y Héctor Osvaldo Greco. En la misma lista se reconocieron $ 61,8 millones a Libertad Graciela Bassil, Jorgelina Bassil en partes iguales, y $ 104,4 millones a Margarita Granzotto de Greco.
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