UIA rechaza acta de diálogo social

El comité ejecutivo de la Unión Industrial (UIA) rechazó varios puntos del acta para la constitución de la «mesa para el diálogo social», que intenta firmar el gobierno con los empresarios y sindicalistas.
Como primera medida los industriales hicieron desaparecer del texto la convocatoria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La intención de los empresarios en este punto es atar la discusión del salario mínimo a metas de crecimiento y a la reformulación de aspectos sustanciales del programa económico.

Si bien son conscientes de que el salario es lo que determina el consumo en el mercado interno, se oponen a discutir su ajuste «en este marco recesivo, con tarifas de servicios que se ajustan por la inflación americana, altas tasas de interés y el grado de desprotección que tiene la industria frente a los competidores externos», según deslizó un industrial.

Desarrollo

Para los empresarios, la mesa para el diálogo social debe servir para acordar políticas de desarrollo productivo que serán las que inducirán a la mejora de la situación laboral y no a la inversa.

Por otra parte agregaron al acta, que estaba ausente en la versión oficial, la discusión de un seguro de desempleo. Los industriales vienen plan-teando desde hace tiempo este subsidio para los jefes de familia desocupados, como forma de reactivar el consumo de los bienes de la canasta familiar.

Sostienen que se puede financiar con el aumento de las cargas sociales para el sector servicios, al nivel que tenían antes de la rebaja establecida por el pacto fiscal en el año 1993.

A su vez cuestionaron que se haga mención a la necesidad de «garantizar la seguridad jurídica», que para ellos es una forma de mantener sin cambios las tarifas de los servicios públicos, tema en el que, según los empresarios, también concuerdan las organizaciones sindicales.

Otro aspecto fuertemente cuestionado tiene que ver con el derecho a la información de los representantes sindicales. Esto ya fue puesto en tela de juicio cuando se trató la reforma laboral, que final-mente fue atenuado en el texto de la ley. En este tema fueron muy claros, no quieren firmar algo que les implique tener que dejar al descubierto información empresaria que pueda se usada por la competencia o por los mismos sindicalistas.

También ven con desconfianza que el llamado a la estabilidad del empleo, que figura en el acta, pueda ser usado tanto por el gobierno como por los sindicatos como una tregua en los despidos. En algún momento se llegó a discutir en la entidad la posibilidad de que las empresas que se comprometieran a no realizar despidos pudieran gozar a cambio de ventajas impositivas.

Por último, también se discutió la representatividad que tendrán las entidades participantes. Según el acta propuesta por la cartera laboral, esta mesa para el diálogo social estará integrada por 16 miembros. Seis propuestos por las organizaciones sindicales, otros seis que responderán a los empleadores y cuatro pertenecientes a instituciones públicas y privadas.

En lo que respecta a las plazas que deberán ser ocupadas por los representantes empresarios la cosa no está tan clara, debido a que existe cierto encono entre las entidades invitadas a participar. Además sostienen que con seis plazas para la industria, el comercio, la construcción, el campo y la banca.

Fue tal la diferencia de criterio que se observó entre el proyecto de acta que remitiera el gobierno y la redactada por los industriales que, de las cuatro páginas que tenía la oficial, la contrapropuesta que llevará la UIA es de sólo una carilla.