Un dilema que no tiene antecedentes

El dilema de Eduardo Duhalde es inusual, atípico, como su misma situación de gobernante. El debe decidir entre las exigencias de la comunidad internacional y el Fondo, que le piden vetos a la Ley de Quiebras, y la sanción que produjo el Congreso ayer. La peculiaridad de esta tensión se debe a que pocas veces con anterioridad el Fondo reclamó por escrito los textos que deben ser anulados por el Presidente, como lo hizo esta vez Claudio Loser. Ayer se le sumó la representante del Banco Mundial, Mirna Alexander, quien le advirtió al gobierno que, de no haber veto, la entidad se limitará a desembolsar los fondos de ayuda social pendientes. Resistirse es dificultoso para Duhalde, que requiere, como nadie, auxilio. Pero enfrentar al Congreso también es difícil para él, que debe su poder a los diputados y senadores que aprobaron la norma. Duhalde carece de una legitimidad electoral propia, y su mandato está derivado de las Cámaras. Además, inclinarse ante las sugerencias del Fondo y de los Estados Unidos le impondrá un costo frente a los padrinos de su presidencia: no son los caudillos del peronismo, sino los líderes del radicalismo bonaerense, Raúl Alfonsín, Federico Storani y Leopoldo Moreau, quienes ayer ya comenzaron a condicionar su adhesión al gobierno según el camino que tome el Presidente.