La foto de los políticos opositores podría repetirse este año pero esta vez para controlar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) de Néstor Kirchner. El frente político surgido a partir del proyecto oficialista para reformar el Consejo de la Magistratura, tiene como próximo objetivo regular la emisión de los DNU, prevista en la reforma constitucional de 1994 pero que aún no tiene aplicación práctica.
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El primer paso en este sentido se dará el domingo 15 en Punta del Este, cuando Ricardo López Murphy se reúna con Alberto Natale para detallar la conformación del Foro de la República, nombre tentativo de esta liga de partidos opositores donde se encuadrarían las expresiones políticas más conservadoras.
Casi resignados a la aprobación, en febrero, de la modificación del Consejo de la Magistratura que dejará en manos del poder político la designación y remoción de jueces, ahora la UCR, el ARI, el Partido Socialista y el PRO buscarán poner un freno institucional a la atribución de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Por eso instalarán con fuerza este año en el Congreso la necesidad de conformar la Comisión de Control y Seguimiento a los DNU, demorada desde 1994 debido a que ninguno de los gobiernos de turno (ni radicales ni peronistas) quisieron poner límites a esta facultad presidencial. Kirchner lleva emitidos más de 140 DNU, superando incluso a Carlos Menem, lo que en sus dos primeros años de gestión representó casi un decreto cada cinco días.
• Variantes
En diciembre de 2004, el peronismo tenía listo para llevar al recinto un proyecto inocuo que no perjudicaba a Néstor Kirchner. Era la versión más inofensiva en la que se podía plasmar el control que la Constitución fija como imprescindible: una vez firmado un decreto, éste era comunicado al Congreso y las Cámaras debían expedirse. Para que perdiera vigencia debían rechazarlo expresamente ambas Cámaras. De lo contrario la disposición presidencial quedaba vigente. Era casi un sistema de aprobación ficta de los DNU. De todas formas esa iniciativa tenía algunas variantes impulsadas por la oposición que no fueron aceptadas por el gobierno, y que hicieron fracasar su avance legislativo. La norma en estudio establecía que ante la firma de cada decreto el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso a explicarlo. Es una incomodidad que ningún ministro quiso aceptar. Tampoco le gustaba al gobierno de Kirchner -y por eso se eliminó del proyecto- la convocatoria automática a sesiones extraordinarias cada vez que el Presidente firmara un decreto de necesidad y urgencia, si el Congreso se encuentra en receso. Esta medida más que lógica estaba incorporada al proyecto del justicialismo y está contemplado en todos los dictámenes de la oposición.
Para conseguir la aprobación se debe cumplir la exigencia constitucional de reunir 129 votos positivos. La UCR ya dijo claramente que está dispuesto a tratar y votar la reglamentación del uso de los DNU, pero siempre que se contemplen disposiciones como las del proyecto que hace tres años presentó Cristina Fernández de Kirchner, cuando su marido no ocupaba la Presidencia.
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