Un trámite complejo y lento que puede durar casi un año

No existen plazos para resolver un proceso de juicio político contra la Corte Suprema. Las estimaciones más optimistas imaginan un trámite preliminar de por lo menos, 6 meses, lapso durante el cual estará en duda quién va a hacer el control de legalidad constitucional de los actos del gobierno. Sin mencionar el efecto negativo internacional que tendrá el enjuiciamiento de una Corte que busca satisfacer demandas de un sector muy estridente de la opinión, y dice se ajustó a Derecho para dirimir el conflicto por la propiedad privada que significa la existencia del «corralito» financiero.

Como en otras instancias, la resolución del tema depende «de la voluntad política de las distintas bancadas» legislativas -tal como fue adelantado por algunos de sus integrantes-, explicó ayer el constitucionalista Abel Fleitas. Este indicó que «los plazos estarán influidos por tiempos políticos y en la medida en que haya una voluntad política en las distintas bancadas para impulsar el proceso, la resolución contra los miembros de la magistratura será más rápida». En este marco, sostuvo que «todo depende de la voluntad de los distintos bloques de llegar a un acuerdo, o no, para resolver el juicio lo antes posible o estirarlo», ya que en la Constitución no hay plazos preestablecidos».

«El fallo de la Corte es un claro acto de provocación y lo único que han logrado es que la comisión de Juicio Político tenga lista en un mes, o antes, la suspensión de todos sus integrantes». Así se expresaron ayer, con optimismo fruto de la ofuscación, algunos de los diputados que integran esa comisión en la cámara baja, que pidieron no ser identificados para no aparecer públicamente prejuzgando. Tan se aceleran los tiempos que el titular de la comisión, el santacruceño Sergio Acevedo, ya se comunicó telefónicamente con ellos para que las subcomisiones comiencen a funcionar hoy, en lugar de mañana, coin-cidieron peronistas y frepasistas. Además se les entregó copias de las 28 demandas presentadas -10 por diputados y 18 particulares-, para que las fueran revisando en el fin de semana y hoy se reúnan con un panorama definido.

Los pedidos de juicio político de algunos legisladores -Elisa Carrió, Nilda Garré, Alfredo Bravo, Oraldo Britos-, giran alrededor de causas como la mala administración de justicia, el recorte salarial, la causa del tráfico de armas que otorgó la libertad a Carlos Menem y Emir Yoma; y las restricciones bancarias que la Corte resolvió ahora.

Coincidente con la optimista afirmación de los diputados consultados, desde el gobierno se estimó que «en 20 o 30 días» se resolverá el proceso contra los magistrados Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Gustavo Bossert, Carlos Fayt, Guillermo López, Eduardo Moliné O'Connor, Julio Nazareno, Enrique Petracchi y Adolfo Vázquez, acusados de mal desempeño de sus funciones.

En caso de que la Comisión de Juicio Político dé luz verde a la investigación, se iniciará un proceso denominado apertura de prueba, donde se pide la documentación de la causa, se citan testigos y se convoca a los acusados para que Otro constitucionalista, Antonio Hernández, (quien logró quebrar el «corralito») explicó que, una vez revisadas los casos, la Cámara de Diputados tiene que dictaminar si es viable o no iniciar el proceso y el dictamen de la comisión encargada pasa al plenario de la cámara baja.

Para que se concrete la acusación, ésta debe contar con el voto positivo de las dos terceras partes de los presentes en el recinto de Diputados.

• Acusadores

La cámara baja se convierte así en acusadora y designa a dos diputados en su representación para hacer la acusación ante el Senado, que se encargará del juzgamiento público e individual de los acusados por las causales que permite la Constitución, que en este caso son «mal desempeño o delito en ejercicio de sus funciones y crímenes comunes».

Los justicialistas que conformarán la comisión son Acevedo, Norma Godoy, Eduardo Camaño, José María Díaz Bancalari, José Mirabille, José Falú, Franco Caviglia, Jorge Casanovas, Jorge Villaverde, Miguel Angel Toma, Carlos Alessandri, Eduardo Di Cola, Manuel Baladrón, Alejandra Oviedo, Enrique Tanoni y Julio Gutiérrez.

Por el interbloque de la Alianza lo hacen los radicales Rafael Cambareri, Hernán Damiani, Angel Gejo, Simón Hernández, Carlos Iparraguirre, Marta Milessi, Juan Mínguez, Nieto Brizuela y los frepasistas Nilda Garré y Rodolfo Rodil. Además integran el grupo parlamentario los diputados de ARI Elisa Carrió y Héctor Polino; del Frente Grande María América González, del Interbloque Provincial Ricardo Bussi y de Fuerza Republicana Guillermo Johnson.