Diputados justicialistas, radicales y socialistas presentaron ayer un proyecto de ley para que las cooperativas de trabajadores pueden hacerse cargo de las empresas en concurso o quiebra cuando el dueño no pueda llegar a un acuerdo con los acreedores. Hoy la Ciudad de Buenos Aires aplica un procedimiento similar para poner en manos de trabajadores las empresas cerradas, aunque Aníbal Ibarra se basa en ampliar los alcances de una ley de expropiación, pero no cuenta con las herramientas que proveerá la nueva ley de quiebras.
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La iniciativa, elaborada por el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, e impulsada en el Congreso por el justicialista Jorge Argüello, fue presentada ayer.
El proyecto diseñado por Mondino modifica el artículo 48 de la Ley de Quiebras para permitir a las cooperativas de firmas concursadas poder intervenir en el salvataje de sus fuentes de trabajo.
De hecho, las cooperativas de trabajo no pueden presentarse en el proceso de cram down porque no son reconocidas como sociedades comerciales, y por eso sólo se pueden quedar con la firma uno o un grupo de acreedores.
En ese sentido, el proyecto contempla, además, «la igualdad de trato para los trabajadores de rescate de la empresa concursada», para el supuesto de que, vencido el período de exclusividad, el concursado no hubiere logrado las conformidades previstas para el acuerdo preventivo.
Respecto del plazo de liquidación, como el régimen actual establece un término muy abreviado para que los magistrados lleven adelante el proceso de liquidación, el proyecto sugiere que esa instancia «sea efectuada dentro de los cuatro meses desde la fecha de la quiebra o desde que ella quede firme».
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