Además de la muerte de Lorenzo Miguel, los sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) recibieron otra mala noticia, en este caso proveniente del ámbito judicial. La Justicia en lo Comercial de la Capital Federal obligó a la Obra Social de ese sindicato, que se encuentra en concurso de acreedores, a devolver al Estado nacional la suma de 24.322.528 pesos que habían sido cedidos sin ningún requisito en diciembre de 1998, cuando Carlos Menem ingresaba en su último año de mandato.
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El fallo de la sala D de la Cámara Comercial emitido recientemente llamó la atención sobre lo «sorprendente que significa que el Estado nacional haya otorgado financiamientos, sin prever clara y precisamente las condiciones de su devolución».
Más aún, la Cámara que preside Carlos María Rotman califica de «incomprensible que se haya otorgado un financiamiento a una obra social para cancelar un pasivo -a favor de una denominada Corporación Financiera Internacionalque no se encontraba contablemente registrado en la entidad». Efectivamente, en el expediente se trasluce que las supuestas deudas que debía afrontar la UOM ni siquiera estaban registradas en sus balances, no obstante lo cual, en diciembre de 1998 el Ministerio de Economía había aprobado una partida por 65 millones de pesos, y otra en abril de 53 millones. En realidad, de esos montos sólo llegó a ejecutarse una parte mediante la emisión de bonos de consolidación, que es la que ahora la UOM está obligada a devolver al Estado.
•Reparación
Los sindicatos, muchos de ellos en situación de quiebra, habían logrado obtener del gobierno de Menem varios subsidios mediante diversas decisiones administrativas o mecanismos de redistribución. En ese momento, el secretario de Control Estratégico, Miguel Solé, y el mismo Lorenzo Miguel argumentaron que ese traspaso de fondos de la Decisión Administrativa 624/98 se debía a una reparación por los perjuicios ocasionados en la obra social metalúrgica durante las distintas intervenciones militares y del gobierno de Raúl Alfonsín.
El salvataje bajo la forma de «financiamiento» fue dado en el marco de la ley de Emergencia Económica de 1990 que paradójicamente se proponía el saneamiento de las obras sociales.
Lo cierto es que en ese momento, la relación entre Menem y el jefe metalúrgico era tensa, por diversas críticas que éste había formulado al plan económico de Roque Fernández y el respaldo otorgado en su momento al entonces candidato Eduardo Duhalde, que protagonizaba otro de los capítulos de la guerra con el riojano, por lo que el crédito estatal fue entendido como una moneda de cambio.
El fallo, en contra de la postura de los abogados de la UOM, sostiene que el mencionado financiamiento «no indica que el Estado nacional hubiere otorgado subsidio alguno a la concursada (UOM). Dichos financiamientos sólo pueden interpretarse como préstamos», concluye.
El apoyo financiero de poco sirvió porque en mayo de 1999 la entidad sindical ya se atrasaba nuevamente en el pago de los aportes previsionales, y al año siguiente, la UOM se presentó en convocatoria de acreedores. En la gestión de Fernando de la Rúa, el Estado nacional reclamó como acreedor que se le verifique el crédito otorgado. En el juzgado de primera instancia la respuesta fue negativa, lo que ahora fue revertido con el nuevo fallo de la Cámara Comercial. No obstante, la notable generosidad con los fondos públicos demostrada en su momento difícilmente pueda ser subsanada teniendo en cuenta los plazos judiciales y la magnitud de la quiebra en cuestión.
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