Veto de Solá desata otro escándalo con duhaldistas

Política

No tan inocentes como prometía el día, la madrugada del 28 de diciembre los diputados bonaerenses incorporaron sigilosamente a la ley de Presupuesto tres artículos espinosos referidos a las fiscalizaciones que efectúa el Tribunal de Cuentas de la provincia.

Dos de ellos, puntualmente el 55 y el 56, agudizaron la históricamente tensa relación entre Felipe Solá y los intendentes porque aquellos artículos habían sido promovidos en la Legislatura de La Plata por los alcaldes pero el gobernador los vetó. El beneficio incluirá también a los funcionarios de la gobernación Duhalde, incluyéndolo a éste.

La crisis se explica: el primero estableció la caducidad de las acciones del Tribunal de Cuentas iniciadas hasta 2001 inclusive, mientras que el segundo fijó que ese organismo tenía seis meses para recurrir una declaración y pasado ese tiempo, la misma era autorizada.

En los hechos, configuraba una «amnistía» para todos los casos anteriores a 2002 que estaban siendo investigados por el tribunal. En muchos, se trataba de faltantes; en otros casos, en cambio, era por demora en los procedimientos del propio organismo.

En general, las investigaciones se concentran sobre los intendentes o funcionarios municipales -que están obligados por ley a responder con su propio patrimonio-lo que explica el interés de los alcaldes por impulsar ese «perdón» para las cuentas presentadas hasta 2001.

  • Activos promotores

    ¿Es casual esa fecha? Abarca las dos gestiones Duhalde y el interinato de Carlos Ruckauf, pero, según se explica, la lógica responde a los plazos: la idea fue hacer caducar las rendiciones con más de cinco años y de allí salió la fecha del 2001.

    Un ex intendente del conurbano en el Senado y un diputado, de estrecho vínculo con un jefe comunal del Oeste, fueron los más activos promotores de la inclusión de los artículos en la ley de Presupuesto. El Tribunal, en tanto, lograba que le amplíen de 17 a 25 las delegaciones.

    En el fragor de las negociaciones y tironeospor la votación del Presupuesto -ese día se volteó en el Senado el impuesto a la riqueza y estuvo a punto de caer, incluso, el propio Presupuesto-se incorporó esa iniciativa impulsada por los jefes comunales.

  • Rechazo

    Antes, Solá había anunciado su rechazo a esa posibilidad. Por eso no sorprendió el veto: a la ampliación de oficinas del tribunal, a la amnistía para las rendiciones con más de 5 años y a la limitación del plazo de acción del organismo para las futuras rendiciones.

    Se combinan, a la hora de discutir el punto, varias percepciones.

    Por un lado, el planteo de los funcionarios que en algunos casos, años después de haber dejado la función pública, tienen pendientes la aprobación de sus ejercicios administrativos. Es una especie de condena pendiente porque en cualquier momento puede haber una resolución negativa.

    En esos casos, las quejas refieren a las demoras del Tribunal de Cuentas para resolver cada caso.

    Es, por otro lado, el motivo, con una mirada sana, por el cual tanto el FpV, como el PJ y la UCR acompañaron esa iniciativa. Todos, claro, tienen intendentes por lo cual, los tres espacios políticos, tuvieron lobbistas a favor de que se aplique la «amnistía».

    Con su veto, Solá castiga no tanto a los legisladores que empujaron el «perdón» reclamado por los jefes comunales sino al Tribunal por sus recurrentes -y a veces inexplicables- demoras: a veces para aprobar las rendiciones; otras para sancionar a los responsables de las que presentan puntos oscuros.

    ¿Insistirán en febrero los diputados y senadores con los tres artículos que refutó el gobernador? Los intendentes, por lo pronto, volverán a la carga para sacarse de encima el estigma de declaraciones de temporadas lejanas y agitadas. Una cuota de olvido.
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