Videla y otros militares serán llevados mañana a Tribunales

El ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y otros militares, cuya detención fue pedida por el juez español Baltasar Garzón, serán llevados mañana a los tribunales federales de Retiro para ser notificados de su arresto preventivo, decidido ante los delitos torturas y genocidio.

Pese a que los ex militares están detenidos con motivo de otras causas por violaciones a los derechos humanos, el juez Rodolfo Canicoba Corral debe mantener con cada uno una "audiencia de identidad" para informarles del pedido de su colega español.

Según dijeron fuentes judiciales, serán trasladados al edificio de Comodoro Py 2002 los represores Videla, Emilio Massera, Carlos Guillermo Suárez Mason, Jorge "Tigre" Acosta, Héctor Febres, Rubén Franco y Juan Carlos Rolón.

Con respecto a Massera existen dudas sobre si se concretará el traslado, porque meses atrás estuvo internado por sufrir una afección cardíaca; funcionarios judiciales desconocen cuál es su estado de salud actual.

Los militares están detenidos acusados por el robo de bebés durante la última dictadura, la aplicación del denominado Plan Cóndor y por la desaparición, tortura y homicidio de una veintena de dirigentes de la agrupación Montoneros.

Todos cumplen arresto en sus domicilios por su edad avanzada, salvo Acosta, detenido en Campo de Mayo.

La orden de traslado de Videla y los otros detenidos a Tribunales se conoció horas después de que la fiscalía de la Audiencia Nacional española consideró que el país europeo no debe reclamar la extradición de los 46 militares argentinos procesados por Garzón por crímenes de lesa humanidad.

El fiscal de la Audiencia Pedro Rubira presentó hoy un escrito en el que comentó la "falta de competencia" de España para enjuiciar a los 25 militares y un civil argentinos, cuya detención con fines de extradición fue comunicada por Garzón.

Rubira citó una sentencia previa del Tribunal Supremo sobre el denominado "caso Guatemala", que estableció que sólo pueden investigarse en España los casos de torturas cuando las víctimas son de esa nacionalidad, informó la agencia Efe.

"No se puede además seguir este proceso en España cuando los hechos están siendo enjuiciados en el país en el que sucedieron", dijo el fiscal.

Y agregó que "en el caso actual, existen datos de que el cambio político y judicial (en Argentina) está determinando la apertura de procedimientos contra los militares argentinos y el inicio de la nulidad de las `leyes contra la impunidad'".

"En consecuencia, no puede aceptarse que tras los acontecimientos que está viviendo la República Argentina sea necesaria la intervención de la jurisdicción española en virtud del principio de la jurisdicción universal", asegura en su escrito.

En oposición a la postura de la fiscalía de la Audiencia Nacional, la querella reclamó ayer a Garzón no sólo la extradición de los militares arrestados en Buenos Aires, sino que haga efectivo el embargo de bienes por valor de más de 2,6 millones de dólares sobre sus bienes.

En tanto, la cúpula de la Iglesia católica pidió hoy al Gobierno que contribuya a que la sociedad evite volcarse "a los extremos, de impunidad o venganza", respecto de la represión de la década del 70, y abogó por "restañar las heridas".

La postura eclesiástica fue fijada por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Eduardo Mirás, quien aclaró que la Iglesia no avala en su conjunto las expresiones "personales" de algunos prelados que criticaron las detenciones de militares y la posible anulación de las leyes de impunidad aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.