Virtual amnistía para el manejo de dinero político

El realismo en política ayuda a la eficacia, pero choca muchas veces con la aspiración legítima por lo mejor. Los mismos políticos y el mismo partido que hace cinco años imponían internas abiertas, obligatorias y simultáneas para elegir candidatos, ahora se disponen a derogarlas. Esa ley con tanta intención de transparencia la eludieron las agrupaciones con listas únicas o creando nuevos partidos exceptuados de realizarlas. En las presidenciales de 2003 ya se las suspendió porque a nadie le convenía el sistema. Otra norma facilitará el manejo del dinero de campaña por los partidos y le pone límite a la persecución por la Justicia de eventuales desmanejos. Para algunos será una amnistía ante desprolijidades en ese terreno cometidas en las presidenciales de 2003 que aún están bajo la mirada judicial.

Las modificaciones a las normas de financiamiento que propone el proyecto del oficialismo buscan sacarles a los partidos de la férula de auditorías y controles que nacieron también de la ácida impugnación a la actividad política que era protagonista hace cinco años en la Argentina. Los mecanismos de control que rigen hoy son tan rigurosos que se está en las puertas de la elección de un presidente en 2007 y los apoderados no han podido aún tener aprobados los gastos de las elecciones de 2003 que consagraron al actual mandatario. Es cierto que en aquella oportunidad se verificaron extravagancias de difícil digestión en la Justicia, como que una fundación (hoy disuelta y con sus autoridades sin poder localizar) apareciera distribuyendo en sumas millonarias entre las tres fórmulas del peronismo ese año. Los apoderados de Kirchner, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá habrían acordado ese mecanismo de acceso a los fondos que da el Estado para las campañas según las normas que surgieron de los congresos de Lanús. Hasta el día de hoy la Justicia electoral de la Capital Federal no ha terminado la auditoría de esa extravagancia, pese a las intimaciones de la Cámara Nacional Electoral.

Según el nuevo mecanismo, si en 120 días no se hace la auditoría, el juez ya estará en condiciones de aprobar o rechazar la rendición de los partidos y estará obligado a aprobarla o rechazarla. Desde ese momento habrá 365 días más para descargos y eventuales sanciones, después de lo cual todas las acciones quedarán prescriptas. Frente a la situación relatada de las rendiciones pendientes de las elecciones de 2003 esta norma, de aprobarse, implicará una amnistía sobre el uso de fondos, algo que sigue investigando la Justicia en varias causas.

Entre las facilidades para el manejo de fondos al que accederán los partidos si este proyecto se aprueba figura la posibilidad de que reciban donaciones sin límite y sin pasar por el Fondo Partidario Permanente, un mecanismo que había desalentado esos incentivos de particulares sobre la suerte de los candidatos de su predilección. Esas donaciones seguirán gozando del beneficio de una desgravación del Impuesto a las Ganancias de los donantes hasta 5% de lo donado.

Irritativo

Resultará irritante para los nuevos partidos que esa norma los deje afuera del reparto del dinero público si no han logrado 2% de los votos en la elección anterior. Según dice Landau, en los considerandos de los proyectos la eliminación de este piso -que existió en normas anteriores a 2002- ayudó a pulverizar el panorama de partidos políticos.

En la actualidad, afirma Landau, existen 68 partidos en la Capital Federal y otros 170 esperan aprobación por parte de la Justicia. En ese distrito, en las elecciones de 2005 de los 29 partidos que participaron en la elección nacional, 21 no obtuvieron el imaginario piso de 2% de los votos.

En la provincia de Buenos Aires hay 65 partidos reconocidos y 87 esperan la autorización, en un distrito en el cual el año pasado de los 25 partidos que compitieron, 18 no lograron 2% de los votos. Como no existió ese piso, esos partidos pueden aspirar a que les den fondos de campaña para la próxima elección, pero por la fragmentación del voto que produjeron en las urnas se calcula que 600 mil votantes se quedaron sin representación en las respectivas legislaturas ya que no lograron el mínimo de votos para participar del sistema de reparto de bancas.