La Cámara de Diputados tiene previsto sancionar hoy un proyecto de ley que reglamenta el régimen de la acción de amparo. El texto habilitará la presentación de acciones colectivas, permitirá a los jueces dictaminar la inconstitucionalidad de las leyes cuestionadas en el marco de estas acciones y fijará plazos específicos para poder realizar esas demandas y para que los magistrados efectúen su pronunciamiento.
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Aunque el proyecto cuenta con el respaldo del oficialismo y de los partidos opositores, el tema es delicado por la utilización política que se podría realizar a partir de este instrumento de rango constitucional que apunta a proteger los derechos y garantías de los ciudadanos. De habilitarse esta especie de «jubileo» del amparo, podrían repetirse experiencias como las ocurridas durante la presidencia temporaria de Eduardo Duhalde cuando, debido a la interposición de estas acciones, se trabó la renegociación de los contratos de servicios públicos.
Además, al habilitar a los jueces a declarar la inconstitucionalidad de una ley, no sólo se afecta la seguridad jurídica necesaria para la llegada de mayores inversiones, sino que también se allana el camino para congelar tarifas por vía judicial, justo en uno de los momentos más conflictivos de la relación de Néstor Kirchner con el empresariado privado. También será un motivo de preocupación extra para Osvaldo Guglielmino, procurador del Tesoro, quien ya se había manifestado en contra de la presentación indiscriminada de amparos.
La reglamentación del amparo -que no es un «recurso» como se lo denomina erróneamente, sino una acción que se presenta ante jueces de primera instancia-es una de la veintena de leyes pendientes derivadas de la Constitución nacional reformada en 1994, debido a la falta de acuerdos entre los legisladores en normas que requieren de mayorías calificadas. El Congreso adeuda además una nueva Ley de Coparticipación, la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia y, entre otras, normas vinculadas a los derechos indígenas, de los niños y el marco regulatorio de los servicios públicos privatizados.
El Frente para la Victoria acordó con el radicalismo y con el Peronismo Federal debatir hoy en el recinto el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, la ratificación de acuerdos internacionales, entre los que figuran Convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la creación de la Policía Aeroportuaria, que dependerá del Ministerio del Interior.
Uno de los cambios sustanciales del proyecto de ley es que permite la acción de amparo colectivo, es decir, que una organización civil puede interponer ante la Justicia este instrumento cuando existe una decisión que afecte a un conjunto de ciudadanos. Hasta ahora son admitidas sólo las presentaciones de amparo individuales, mientras que el dictamen aprobado ahora contempla las de carácter colectivo en casos de discriminación, defensa de los derechos de los usuarios y consumidores o protección del medioambiente.
El proyecto abre la posibilidad de que una de las aplicaciones prácticas del amparo colectivo podría estar centrada en grupos o asociaciones de ahorristas afectados por el «corralito», quienes de esta forma podrían también presentar acciones de forma conjunta.
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