Votan la autonomía chica para Capital

María Laura Leguizamón

El Senado convirtió ayer en ley el devaluado proyecto que elimina las restricciones para que la Capital Federal tenga una fuerza de seguridad propia. De la promocionada promesa de Néstor Kirchner a Mauricio Macri, sólo quedó en esa norma la eliminación del artículo 7 de la «ley Cafiero» -que restringe esa posibilidad-, pero nada se habla de los fondos para financiarla, del control del puerto, los colectivos, el subte, el juego, los bienes del ONABE en territorio de la Ciudad y el resto de la Justicia que aún no se ha trasladado a la competencia porteña.

El proyecto fue debatido ayer sobre tablas y no tuvo ninguna modificación a lo votado en Diputados hace 15 días. Finalmente se aprobó por unanimidad, con los 45 votos presentes a favor. Así, se dispone sólo la modificación del artículo 7 de la «ley Cafiero» que impedía a la Ciudad tener su propia fuerza de seguridad y que incluye una cláusula transitoria que contempla la posibilidad de avanzar en convenios con la Nación para hacer el traspaso gradual de la seguridad del Estado nacional al Gobierno porteño.

El debate sobre la autonomía volvió a instalarse en el Congreso semanas atrás, tras el fracaso en la Cámara de Diputados de una sesión especial convocada por la oposición que finalmente debatió en minoría su proyecto y los reclamos públicos de Macri alegando una ruptura de la promesa presidencial.

Finalmente, todos aceptaron -ante lo imposible de avanzar en una transferencia más amplia- la aprobación del proyecto kirchnerista que no contempla la cuestión presupuestaria ni el traspaso del resto de las competencias que pedía el macrismo.

Pero, a pesar de la unanimidad, hubo cruces en el recinto entre los senadores porteños y los provinciales que siguieron reivindicando su decisión de no otorgar los fondos a la Ciudad de Buenos Aires para financiar su futura Policía.

Cerrojo liberado

Desde el oficialismo, el proyecto fue defendido ayer por la salteña Sonia Escudero: «Es imposible pretender que hagamos transferencia de recursos, no se trata de una transferencia de la Policía, sino de liberar el cerrojo impuesto por la 'ley Cafiero' que impide que la Ciudad de Buenos Aires pudiera tener una fuerza policial propia», dijo en el recinto.

La senadora porteña María Laura Leguizamón, como oficialista, no pudo hacer más que apoyar el proyecto: «Le va a dar el marco de las facultades y competencias que se van a ir llevando adelante paso a paso».

También Vilma Ibarra sostuvo que la norma «es un paso adelante, está en juego la seguridad de los porteños y de los que ingresan a la Capital Federal, no está en juego ni la plata de la Nación ni de las provincias. No se les toca un peso a las provincias», se defendió.

El cierre del debate estuvo a cargo de Miguel Pichetto: «Estamos dándole facultades a esta Ciudad, la más importante del país, la de mayor ingreso per cápita para formar, capacitar y tener su propia fuerza de seguridad».

Para que a los provinciales les quedara clara su postura reafirmó: «No estamos transfiriendo nada, por lo tanto tampoco tenemos que transmitir recursos», dijo Pichetto esquivando así el precepto constitucional que indica que no existen transferencias de competencias de la Nación a las provincias sin la correspondiente partida para financiarlas.

Otro salteño, el renovador Ricardo Gómez Diez, siguió la misma línea: «Se trata de una lógica consecuencia de la reforma de 1994 que le asignó autonomía a la Ciudad», dijo.

El juecista Carlos Alberto Rossi, uno de los que más se opuso a la transferencia de fondos a la Ciudad desde el inicio del debate, apareció ahora conciliador, sabiendo que ese peligro se había vuelto inexistente: «La Ciudad debe tener su propia Policía porque, de esta manera, los vecinos van a tener oportunidad de reclamarle a quien deben cuando haya una falta de seguridad».

Sólo el radical mendocino Ernesto Sanz recordó el centro de lo que fue la discusión por la autonomía de la Ciudad, que comenzó cuando Macri ganó la Jefatura de Gobierno porteña: «La UCR acompañará el proyecto, pero esto es un avance más. El Congreso, al cerrar este capítulo, se queda con bastante gusto a poco en función de lo que el tratamiento mediático y electoral provocó en la política».

La nueva ley, redactada en base a un proyecto de la kirchnerista Juliana Marino, establece:   

«El gobierno ejercerá sus funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales».   

«El gobierno nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».

E incorpora una cláusula transitoria que abre a una hipotética negociación: «Definidas por el gobierno nacional las estructuras necesarias para garantizar sus competencias federales, celebrará con la Ciudad de Buenos Aires los convenios necesarios».