La privatización de Transener y el proceso de reconfiguración del sector energético

La iniciativa del Gobierno se inscribe dentro del proceso de privatización de Enarsa, que dispone la venta de las acciones que posee en CITELEC, sociedad controlante de Transener.

La privatización de Transener –y, en forma indirecta, la privatización de ENARSA– se inscriben en el diseño de la política energética libertaria.

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El gobierno nacional de Javier Milei avanza un nuevo casillero en las privatizaciones del sector energético bajo la premisa de que “el Estado debe retirarse ya que el privado es más eficiente”. En este caso, es el turno de la privatización de la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., empresa líder en el servicio público de transporte de energía eléctrica en extra alta tensión en el país.

Transener administra infraestructura estratégica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.400 km de líneas de transmisión, adicionando los 6.228 km de líneas que componen la red de su controlada Transba SA, empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (Transener, 2026).

La licitación se da en un contexto en el que el gobierno nacional canceló las obras de expansión del sistema proyectadas por la gestión anterior, en particular el proyecto AMBA I, que iba a ser desarrollado de manera conjunta con China a través de la empresa State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su reemplazo, el gobierno habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, sin resultados al momento.

La iniciativa del gobierno se inscribe dentro del proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), establecido en el Decreto 286/2025, que en su Artículo 2 dispone la venta de las acciones que ENARSA posee en CITELEC, sociedad controlante de Transener.

Composición accionaria de Transener.

En esta etapa se presentaron tres grupos interesados en adquirir la compañía, mayormente de capital local y con fuerte presencia en el sector energético. Por un lado, Genneia –líder en energías renovables y vinculada a Jorge Brito– asociada con Edison Energía, holding recientemente creado por los hermanos Neuss junto al grupo Newsan –con fuerte vínculo con Santiago Caputo–, que en poco tiempo avanzó sobre generación, distribución y transporte eléctrico, siendo su última adjudicación la hidroeléctrica Alicura.

Otro actor relevante es Central Puerto, la principal generadora del país, que además comenzó a expandirse hacia el negocio de los hidrocarburos en Vaca Muerta. Sus principales accionistas incluyen al grupo de Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escasany. En la lista también figura Edenor, la mayor distribuidora del AMBA, perteneciente al grupo Integra Capital de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Se observa que, más que nuevos jugadores, estamos ante un proceso de reconfiguración del sector energético entre los principales grupos económicos locales, que participan de toda la cadena energética –generación, distribución e hidrocarburos– proyectando una concentración que dista del lema de libre competencia y libre mercado pregonado por el presidente y la teoría liberal.

Asimismo, es necesario remarcar que –en las últimas décadas– la expansión de la red de alta tensión en Argentina ha sido impulsada fundamentalmente por el Estado nacional. Especialmente durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner –con Julio De Vido como ministro de planificación– y, en menor medida, de Alberto Fernández. Por el contrario, bajo gestiones de orientación liberal, como la de Mauricio Macri –y, hasta el momento, también la actual–, la expansión del sistema ha sido prácticamente nula.

Entre 2006 y 2015 se incorporaron 4.586 km de líneas de alta tensión, mientras que en 2016 se sumaron apenas 178 km –correspondientes en gran parte a obras iniciadas en la gestión anterior– y entre 2017 y 2019 no se registraron nuevas incorporaciones. No fue casualidad: el gobierno de Macri, alineado con el ajuste fiscal exigido por el Fondo Monetario Internacional – tras su retorno al país en 2018–, delegó esas inversiones en el sector privado, resultando en cero km de red nueva. Mientras que entre 2019 y 2023 se añadieron 715 km.

Vale recordar que, durante la gestión de Macri, se produjo un colapso del sistema eléctrico el 16 de junio de 2019 –día del padre–, que derivó en un apagón masivo que afectó a todo el país y a regiones de Uruguay y Brasil. Si bien sus causas fueron múltiples, el episodio puso en evidencia las fragilidades de un sistema con déficits de inversión acumulados.

La privatización: el origen en los años 90

La privatización del transporte de alta tensión se inscribe en el proceso de reforma del sector eléctrico argentino impulsado a comienzos de los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem. En ese marco, el Estado llevó adelante una profunda reestructuración del sistema energético bajo los lineamientos de apertura económica, desregulación y “promoción” de la inversión privada bajo el manto neoliberal. Vale recordar la frase del ex ministro Carlos Dromi: “Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”.

El punto de partida fue la sanción de la Ley 24.065 de 1992, desmembrando el sistema estatal eléctrico –compuesto por Segba S.A, Hidronor S.A y Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado– y dividiendo sus empresas en tres segmentos diferenciados: generación, transmisión y distribución. Esta fragmentación respondió a un modelo inspirado en las reformas aplicadas en países como el Reino Unido, con el objetivo de introducir lógica de mercado en el sistema.

En ese esquema, el transporte eléctrico, considerado un monopolio natural, fue concesionado a operadores privados bajo supervisión estatal. Así, en 1993 se creó Transener como empresa encargada de operar la red de alta tensión –principalmente en 500 kV– y se procedió a su privatización mediante la adjudicación de la concesión por 95 años.

La privatización de 1993 incorporó como actor central a la británica National Grid, consolidando un esquema donde capital extranjero controlaba una infraestructura crítica bajo regulación estatal junto a Pérez Companc de capital nacional.

El argumento central de la privatización fue que el capital privado permitiría modernizar la infraestructura, mejorar la eficiencia y ampliar la red sin necesidad de financiamiento estatal. Sin embargo, desde sus orígenes, el caso de Transener evidenció una tensión estructural: se trataba de una empresa privada operando una infraestructura crítica y estratégica, con rentabilidad garantizada por regulación pública.

Tras la crisis de 2001 y el reordenamiento del sector energético, articulado a un proceso de reindustrialización iniciado por Néstor Kirchner, en 2004 se produjo el ingreso de Pampa –pasamanos de capital extranjero a capital nacional– y de ENARSA en 2007, lo que permitió al Estado recuperar participación en el transporte eléctrico.

Esta situación intentó modificarse durante el gobierno de Mauricio Macri, a través del Decreto 882/2017 buscó la privatización de Transener, que disponía la venta de las acciones que poseía ENARSA en la compañía, en el marco de una estrategia de privatización de todas las empresas públicas. Si bien la operación no llegó a concretarse –decisión a la que el hoy extinto bloque radical, integrante de la coalición de gobierno de Macri, se opuso–, la intención de reducir la participación estatal en un sector estratégico como el transporte eléctrico estaba clara y es retomada hoy por el gobierno de Javier Milei.

Vender la red, perder soberanía

La privatización de Transener –y, en forma indirecta, la privatización de ENARSA– se inscriben en el diseño de la política energética libertaria, que busca eliminar la participación del Estado en el sector. Este proceso responde, en parte, a la presión de los grupos empresariales locales y, por otra, a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que “recomienda” la privatización de empresas públicas como parte del objetivo del ajuste fiscal.

Sin duda, la política de privatización está provocando una creciente concentración en el sector, con un fuerte poder de lobby empresario ante un Estado cada vez más debilitado. La experiencia de los años 90, con la venta de empresas públicas, provocó efectos catastróficos, asociados a la falta de inversión y expansión, que luego dificultaron el proceso de reindustrialización iniciado en 2003. En este sentido, las decisiones de la actual administración, orientadas a que el sector privado administre y planifique la energía, difícilmente traigan resultados positivos.

Así, privatizar la red es resignar soberanía. Ya lo decía Arturo Jauretche “si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”.

* Autor de Crítica de la energía política (2025). Doctorando en Economía Política Mundial (UFABC, Brasil), Ingeniero Electricista (UNRC), Magíster en Gestión de la Energía (UNLa), Diplomado en Anticipación Estratégica y Gestión de Riesgo (UNDEF), Analista de Nodal. Docente en UNPAZ.