"¿Y hay que esperar hasta el 25 de mayo?"

Los gobernadores del PJ, antes de marchar ayer al encuentro de Eduardo Duhalde en Olivos, en la reservada reunión que mantuvieron y más allá de algunos reclamos escuchados, decidieron apoyar al Presidente en su decisión de adelantar la entrega del poder. Y puede resumirse en una afirmación del santafesino Carlos Alberto Reutemann: «Tenemos que ser garantes de la gobernabilidad y no dejarlo sólo a Duhalde». Después de todo, y aun cuando ha manifestado, como es habitual en él, su intención de tomarse unos días más para decidirse, el «Lole» santafesino es el candidato presidencial del PJ señalado por Duhalde como la mejor propuesta.

Los mandatarios provinciales buscaron hacer cierta reserva de esta reunión previa, y optaron por las oficinas del formoseño Gildo Insfrán, en lugar del Consejo Federal de Inversiones (CFI) o la Casa de Salta como lo hacen habitualmente. Se trataba de concentrarse para dar respaldo a Duhalde en su decisión de anticipar las elecciones y la entrega del poder. Tanto que fue postergada la constitución de la comisión que debe monitorear la interna presidencial del PJ y que integran los senadores José Luis Gioja, Eduardo Menem y Antonio Cafiero; y los gobernadores Insfrán, Eduardo Fellner y Rubén Marín.

Hasta las oficinas del formoseño fueron llegando en forma espaciada, mientras el jujeño Fellner, que coordinó el encuentro, se preocupaba por eventuales ausencias. Sin embargo no faltó nadie. Salvo el dueño de casa, Insfrán, que no llegó a tiempo desde Formosa. Y el fueguino Carlos Manfredotti, que envió como embajador al vice, Daniel Gallo. De entrada se vio que tanto el santacruceño Néstor Kirchner como la sanluiseña Alicia Lemme serían los más duros en sus críticas a Duhalde y su gobierno. «¿Y hay que esperar hasta el 25 de mayo del año que viene para la entrega del gobierno?», plantó Kirchner como irónico interrogante, al par que reclamó el voto obligatorio para las internas abiertas, que serán obligatorias para los partidos pero no para los ciudadanos.

• Convencimiento

No fue el patagónico el único en reclamar. El salteño Juan Carlos Romero, junto a Kirchner -mientras la Lemme asentía gestualmente-, afirmaron estar convencidos de que «es necesario adelantar el cronograma electoral». Jorge Matzkin les había hecho llegar las tres fechas clave tentativas del cronograma elaborado por el gobierno: domingo 24 de noviembre de 2002 internas abiertas y simultáneas; 30 de marzo de 2003 elección general y 25 de mayo entrega del gobierno.

Sin embargo, y a la hora de suscribir el documento que le entregaron a Duhalde, firmaron todos incluso Kirchner, que es el que provoca mayores dudas sobre si será capaz de dar el campanazo e ir como candidato a presidente por fuera del PJ. Angel Maza (La Rioja); José Manuel de la Sota (Córdoba); Julio Miranda (Tucumán); Carlos Rovira (Misiones); Rubén Marín (La Pampa); Eduardo Fellner (Jujuy); Felipe Solá (Buenos Aires) y Carlos Díaz (Santiago del Estero) fueron, además de los ya nombrados, estampando su firma en la breve declaración de 3 puntos: Primero: que ratifican plenamente su apoyo a la Ley de Internas Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para la elección de candidatos, porque la misma nos permitirá tener partidos políticos de los ciudadanos y no de propiedad de grupos dirigenciales. Segundo: que auspician la renovación de todos los mandatos políticos actuales, según lo permita la legislación. Tercero: que el llamado a elecciones para presidente y vicepresidente de la Nación efectuado por el Poder Ejecutivo Nacional refleja el deseo de la mayoría del pueblo argentino de ejercer su derecho a elegir y ser elegido, para sacar a la Patria de la grave crisis actual.

El segundo punto, que refleja la intención de hacer caducar los mandatos de todos los diputados y senadores nacionales, e incluso se habló de los cargos provinciales, fue el que generó el intercambio de opiniones más agrias. Quienes lo propiciaron con mayor calor fueron De la Sota y Solá, en tanto que Romero se opuso. Aun cuando se coincidió en que haría falta una enmienda constitucional que lo ordenara.