En España el juez Garzón dispone multas a quienes provocan daños en la vía pública

Brindamos a continuación dos análisis de hechos que ocurren hoy en Europa. Tienen particular relación con la Argentina, que soporta hoy desbordes en sus calles con tendencia al anarquismo y con el resultado de graves daños a la propiedad privada y pública. Desde ya hay una diferencia: en España e Italia no hay ahorristas cuyos derechos más elementales, la propiedad de sus ahorros colocados en bancos, fueron violentados. Allá todo es politizado sin vinculación económica inmediata. Aquí la crisis económica impulsa a manifestantes que preferirían quedarse en sus casas, que han sido ajenos en sus vidas a este tipo de manifestaciones y casi se han visto obligados a participar como intento, comprensible, de resguardar sus derechos. Pero aquí también desde los «escraches» hasta las marchas de ahorristas y «cacerolazos» está el componente político de algunos sectores que aprovechan, se infiltran y activan la violencia entre manifestantes pacíficos. Esto es lo criticable porque, además, se está usando el dolor de damnificados legítimos a los que, además, odian por «burgueses» aunque ahora los usen como excusa.

El juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de España, suele ser invocado, elogiado y admirado por organizaciones de izquierda, sobre todo en su propósito de juzgar extraterritorialmente a ex militares argentinos por los excesos en la represión en los años '70 y, sobre todo, por su intento de extraditar y juzgar al ex presidente y dictador chileno Augusto Pinochet. Hasta Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, lo entrevistó y admira.

Salvo su breve y brusco paso por la política (durante la gestión del presidente Felipe González) es considerado intachable su accionar a diferencia de los jueces italianos de «mani puliti» que terminaron, en su intento de imitarlo, bastante desteñidos y algunos hasta acusados. Ni decir el mamarracho en que derivaron jueces argentinos que intentaron remedarlo aquí con parcialidad, pasados oscuros a blanquear y desvirtuando muchas veces la ley.

Lo que se le reconoce a Garzón es, precisamente, total honestidad, absoluta imparcialidad -hacia el lado político que fuere- y búsqueda de extensiones, discutibles o no, pero dentro de la ley.

Además, ningún intento de promoción en la prensa, aunque la tiene, pero inevitablemente espontánea frente a su impactante accionar jurídico.

Baltasar Garzón también -hay que decirlo, para no caer en típicas utopías argentinistasejerce en un país que paga una vida digna a sus magistrados como para que tengan su cabeza puesta en su delicada tarea.

Este magistrado acaba de sorprender en estos días a España y al mundo: dispuso que el partido político vasco Batasuna, vinculado y representante de la organización terrorista ETA, pague 18 millones de euros (poco más de 16 millones de dólares) por daños que causó su violencia callejera, concretamente su organización de activistas Segi sucesora, desde el año pasado, de Haika como lo era ésta de Jarrai entre los «cachorros» del terrorismo vasco aunque están éstos en un escalón más abajo, directamente en la ejecución. Al poner en prisión a 11 militantes de la Segi el juez consideró a los imputados inductores de 46 delitos de terrorismo en sus modalidades de estragos, incendios, atentados y otras formas.

• Daños

Para Garzón la estructura política -Segi-«desarrolla jornadas de lucha, manifestaciones, huelgas, etc. de las que se derivan ingentes daños a las propiedades públicas y privadas y dirige las campañas de coacción y amenazas contra ciudadanos, instituciones, partidos políticos y funcionarios del Estado».

Además, dos argentinos, con sus papeles en regla radicados en España, están a punto de ser expulsados por participar de manifestaciones donde cortaron calles y hubo daños a la propiedad. Uno participó de una marcha antiglobalización y otro para defender a indocumentados de la expulsión.

La Argentina, justamente, siente la ausencia de jueces que se preocupen por estos derechos cotidianos, sin parcialidad ni miedo según de donde provengan los atentados. Algunos magistrados eligen perseguir banqueros y allanar entidades que, a su vez, padecen diariamente la violencia cotidiana. Ni hablar de ciudadanos agredidos y hasta filmados y fotografiados que el Estado dice «no poder encontrar».

La agresión e intentos de golpear a políticos no ha merecido la atención de la Justicia hacia militantes disfrazados de «vecinos» o entremezclados con ellos. Tampoco ha habido presentaciones por apología del delito contra los que alientan las agresiones ni cabe pensar -como Garzón en España- que vayan a hacer pagar por los daños a los partidos o comunicadores que alientan esta barbarie de los anónimos. Frentes de viviendas particulares pintadas con aerosol por el «delito» de ser vecinos de algún político, vidrieras rotas, cerraduras violentadas, vehículos incendiados, fachadas destrozadas, no encuentran reparación legal alguna.

Los ciudadanos de Buenos Aires deben saber que el dinero para limpiar los daños intencionados de las manifestaciones salen de su bolsillo.

Tres mil empleados del Gobierno de la Ciudad se dedican a limpiar las calles y los particulares damnificados a pagar las reparaciones. El diputado del PJ Lorenzo Pepe en una declaración televisiva dijo que sólo en diciembre pasado hubo en el país 8.000 comercios destruidos o saqueados sin que tampoco -pese a fotos y videos- se sepa que esté alguien juzgado, salvo un potencial asesino que pateó la cabeza de un policía uniformado caído y quedó grabado. Ni se habla de indemnizaciones en un país quebrado. En seguridad se gastan u$s 100 millones más ahora para vigilar con fuerzas de seguridad cortes de calles, rutas, cacerolazos, manifestaciones de ahorristas, de militantes. Hay un piquetero juzgado por invasión, destrozos probados e intimidación, y podría ser indultado por presión política.